La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, recurrirá la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid que obliga a retirar los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea de la ciudad ya que, según los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, el fallo va contra un acuerdo del Consejo Escolar, que es un "órgano de gobierno". En su recurso, la Junta pide explicaciones sobre "la distinta condición constitucional" de la pared de un colegio y la mesa donde juran los miembros del Gobierno.

El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, fue el encargado de hacer público el anuncio al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Ante los medios de comunicación, Santiago-Juárez anunció que, antes de que finalice el plazo estipulado, la Junta presentará el recurso por considerar que la decisión del juzgado de Valladolid vulnera una decisión del Consejo Escolar que, aclaró, no es un órgano "consultivo" sino de gobierno según establece la propia ley de Educación. Según consta en una sentencia del TSJCyL del pasado año, el Consejo Escolar del centro ya acordó en 2005 la no procedencia de retirar los símbolos religiosos.

En este sentido, el consejero puso de manifiesto que la Junta siempre ha "apostado" y "creído" en la autonomía del Consejo Escolar ya que el Ejecutivo no es "intervencionista" y cree en la "libertad y responsabilidad" de la sociedad civil que, en este caso, está representada en el Consejo, responsable de tomar la decisión sobre la retirada o no de los símbolos religiosos.

Así, el consejero de la Presidencia y portavoz recordó que la última sentencia sobre este tema del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), de septiembre de 2007, "deja meridianamente claro" que corresponde al Consejo Escolar la decisión sobre el mantenimiento o la retirada de estos símbolos, a lo que añadió que si el Consejo decide su retirada, la Junta no intervendrá. De Santiago-Juárez se refirió también a la polémica suscitada tras la publicación de la sentencia del juzgado de Valladolid e hizo hincapié en el cambio del contenido de las declaraciones de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien comenzó reconociendo la autonomía de cada colegio y luego, fruto de un "toque", corrigió, y a las realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se refirió a la Junta como "Poncio" por "lavarse las manos".

A su juicio, Bermejo es el "peor" ministro de Justicia "de la historia de la democracia en España" ya que el sistema judicial "nunca estuvo tan mal", lo que en su opinión queda reflejado en la huelga de los funcionarios de justicia a primeros de año y el anunciado parón de los jueces para el próximo. "Le encanta la confrontación y la tensión", añadió antes de cuestionar cómo el ministro se refirió a este asunto en los términos en los que lo hizo "con la que él tiene encima" y aconsejarle que dedique "más tiempo, esfuerzo y trabajo" a modernizar la justicia española, según el mandato del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado y esgrimiendo en la mano las fotos de las juras de los cargos de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Mariano Fernández Bermejo, José Antonio de Santiago-Juárez pidió explicaciones sobre las "distintas condiciones constitucionales" que pudiera existir entre la pared de un colegio como el Macías Picavea  de Valladolid y la mesa ante la que juran o prometen sus cargos los miembros del Gobierno, en la que se ubica un crucifijo. "Alguien nos tiene que explicar esto", aseveró antes de reclamar que esas explicaciones lleguen "pronto", al igual que las que dan respuesta al hecho de que en todos los tribunales de España haya crucifijos. "Si el crucifijo vulnera derechos o libertades como dice la sentencia, los vulnera en todo: cuando se jura y en la pared de un colegio", añadió.

En este punto, el consejero de la Presidencia y portavoz se preguntó por el lugar hasta el que el PSOE quiere llevar la "confrontación" ya que, subrayó, la Junta no pone crucifijos en los colegios públicos de la Comunidad -desde que las competencias se transfirieron en el año 2000 no se han ubicado estos símbolos en ninguna de las 2.000 aulas de los 168 nuevos centros escolares, aclaró- ni los retira debido, reiteró, a su "respeto" por las decisiones del Consejo Escolar. 

Como contrapunto a estas acusaciones del miembro del Ejecutivo castellano-leonés, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, defendió que los colegios públicos no deben tener "simbología de ningún tipo" y argumentó que "el espacio de encuentro" en una democracia es la Constitución, la cual define a España como un Estado aconfesional. En este sentido, Alonso afirmó, en declaraciones a TVE, que si un centro educativo de carácter privado exhibe crucifijos en sus dependencias "no hay ningún problema". "Si un padre manda a su hijo a un colegio privado dado su carácter confesional hace una declaración tácita o expresa de que se supone que no le molesta el crucifijo", argumentó.

Sin embargo, añadió, un colegio público "exige no tener simbología de ningún tipo" y que se respeten las creencias religiosas de los ciudadanos "sean las que sean", pero también que se respete a quienes "no las tienen". "En democracia, las decisiones se acreditan en los textos legales, el más importante la Constitución, y en los procesos de elección de los representantes de los ciudadanos, que son los que nos permiten hablar de mayorías y minorías de ciudadanos", remachó.

Por otra parte, IU e ICV quieren que el Congreso abra el debate sobre la aconfesionalidad del Estado y la conveniencia de adaptar ciertas tradiciones de origen religioso a la realidad social de España que, según exponen, "ya no es un país monolíticamente católico". Por ello defienden, entre otras cosas, que se eliminen los símbolos religiosos de los edificios del Estado.