“La paralización que sufre la justicia está provocando una situación insostenible y que causará graves secuelas en un futuro si no se adoptan medidas decididas de una vez por todas”. Así lo sostiene el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, quien considera que “la crisis actual no es fruto únicamente de un problema coyuntural, sino que es un mal endémico que no tendrá fin con parches”.

Y es que, en su opinión, durante años eso es lo que se ha hecho por parte de las administraciones competentes en la materia: “Parchear sin poner fin ni coto a carencias estructurales y necesidades materiales y humanas que, a la postre, han desembocado en el rosario de huelgas que estamos viviendo este año”.

Por ello, el decano de los letrados almerienses insta al diálogo en pos de la paz social y de atender a los colectivos profesionales en reclamaciones que son “justas”. “Reclamamos la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la justicia”, insiste.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería se ha sumado precisamente a la reivindicación que el colectivo en su conjunto realiza en todo el país. Desde el órgano colegial aseguran que los abogados son de “naturaleza optimista” y subrayan que “incluso en los escenarios más adversos es más útil para todos buscar salidas, en centrarnos en encontrar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos”.

Para ello, advierten, es necesario un “servicio público de justicia que resuelva los conflictos, aplicando las leyes que la propia sociedad se ha otorgado, en tiempo y forma: en definitiva, un servicio público que soluciona problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades”.

Pero tras meses de paralización, creen como su decano que toca dejar claro que “la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos”.

“Por eso precisamente no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público, como si las ha habido claramente para la educación, o la sanidad, entre otros servicios públicos que, con la Constitución, nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar”, apostillan.

A este “cortoplacismo” y falta de una apuesta decidida por este sistema que requiere de una “urgente” reorganización, se suman los efectos arrastrados de la pandemia de 2019. “No fue sólo la

administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar la normalidad”, mantienen.

Si a este carrusel de retrasos, suspensiones, cambios de fecha, acumulación de causas se suma ahora el generado por las sucesivas huelgas y la falta de entendimiento y diálogo entre afectados y la administración, “lo único que puede suceder es la fractura de nuestro servicio de justicia”.

“Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su presidencia europea con una Justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica y en uno de sus peores momentos del periodo democrático, sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni de los proyectos de ley que en estas se habían consensuado, y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados”, recalcan.

Así las cosas, el Colegio de la Abogacía de Almería anuncia movilizaciones para que por parte de todos se busquen soluciones. “A unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país, de la ciudadanía y del colectivo al que representamos”.

“Estamos hablando desde denuncias que no se tramitan, divorcios que se prolongan en el tiempo, juicios de despido que no se pueden celebrar o expedientes del Registro Civil que no se pueden iniciar. Es una paralización que afecta a todas las jurisdicciones y sectores, afectando sobre todo a aquellos que son más vulnerables”, han abundado.

Asimismo, han asegurado que los efectos de esta paralización judicial está produciendo graves consecuencias en el propio colectivo de la Abogacía y otras profesiones hermanas. “Somos miles de profesionales, en su mayoría autónomos, a los que cada día de huelga nos supone la imposibilidad de cobrar por nuestro trabajo, ya sea por una demanda que no se incoa, ya sea por una vista que se suspende.”

A esto suman la “circunstancia cierta de numerosos abogados y abogadas que se enfrentan con dificultad a su horizonte de jubilación. Los Colegios Profesionales y las Administraciones Públicas concernidas deben ser sensibles a estas situaciones y agotar la búsqueda de soluciones y alternativas que mejoren las condiciones actuales. La situación es insostenible. La Justicia es una cuestión de Estado. Demostremos que creemos en ello antes de que sea demasiado tarde”, concluyen.