El interlocutor sanitario de la Policía Nacional en Almería, Jesús Eladio Fernández, trabaja desde hace poco más de dos años en la coordinación de la prevención y respuesta a la violencia contra los profesionales en el ámbito de la sanidad. Este inspector al frente de la unidad de Seguridad Privada ha mantenido encuentros con todos los estamentos implicados, desde las administraciones hasta los colegios y sindicatos, y también se encarga de la formación específica que en el último año se ha resentido en su versión presencial por la pandemia.

Desde la creación de esta figura en diciembre de 2018 para poner freno a las amenazas y ataques físicos y verbales hacia los sanitarios, ha realizado decenas de talleres formativos para sanitarios de los hospitales Torrecárdenas, Poniente y El Toyo, los consultorios de la capital y los centros de atención primaria de El Ejido. Es más, en febrero en una reunión con el 061 actualizaba el protocolo de actuación con pacientes agresivos después de trece años de vigencia del anterior y meses antes lo hacían con el Colegio de Enfermería para recoger todas sus demandas.

Una de las sesiones formativas impartidas a los profesionales sanitarios de Torrecárdenas

La Policía Nacional, en el marco de la mediación del interlocutor sanitario fijado por la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad y el Plan de Prevención y Atención de agresiones para profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, ha contabilizado 706 actuaciones operativas solicitadas por profesionales de la salud durante el último año. 168 intervenciones en los centros sanitarios y 538 en la atención a domicilios con las unidades médicas móviles, un servicio imprescindible, por ejemplo, cuando un paciente esquizofrénico no quiere tomarse la medicación o cuando los miembros de una familia increpan a los sanitarios como ocurría recientemente.

La mayoría de estas intervenciones no derivan en agresión, si bien se acude para garantizar la seguridad de los profesionales ante el nerviosismo o actividad violenta de los usuarios. Además, el interlocutor sanitario pone en marcha planes específicos de prevención como el que se ha implementado durante el estado de alarma para proteger las farmacias sin que hayan registrado incidencias en la provincia. Sobre el descenso de las agresiones en el último año marcado por la COVID-19, el inspector Fernández entiende que han influido dos variables, por un lado la menor presencia de pacientes en los centros de salud y hospitales y la mayor gratitud y respeto por su batalla contra el coronavirus. Eso sí, alerta de una tendencia al alza de las 'teleagresiones' y amenazas a través de internet. “Nos reconocen que ahora hay más insultos en la atención telefónica y ataques en las redes sociales y foros, una mayor agresividad y virulencia que antes contra los sanitarios”.

“No se puede maltratar a quien te cuida, es un problema social que debemos afrontar desde un enfoque multidisciplinar"

El interlocutor sanitario insiste en la importancia de denunciar también estas agresiones virtuales porque también constituyen un delito. “No se puede maltratar a quien te cuida, es un problema social que debemos afrontar desde un enfoque multidisciplinar, por el conjunto de las administraciones, pero es fundamental que se visibilicen y denuncien todos los casos”, añade. Fernández identifica como puntos más conflictivos las Urgencias, Atención Primaria y Salud Mental por la presión asistencial y cometidos con mayor riesgo como la notificación dolorosa de decesos pediátricos que a veces requieren medidas de prevención por si hay una respuesta violenta. “No hacemos presencia en el centro hasta que nos requieren, pero de forma inmediata se activa un retén en las inmediaciones”.

Este inspector de Policía, licenciado en Derecho, también valora la importancia de los medios de prevención y cómo han ido mejorando los centros de la provincia en su implantación. Las nuevas infraestructuras sanitarias se diseñan atendiendo a parámetros que hace años no tenían, de ahí que haya sido necesario adaptar los hospitales y consultorios que no los tenían. La doble puerta, botones antipánico, accesos regulados mediante tarjetas, cámaras de videovigilancia y consultas con auxiliares están más presentes que nunca y los profesionales tienen un mayor conocimiento de los protocolos de actuación y una coordinación permanente con los servicios de seguridad. También incide en la conveniencia de la cartelería y su labor de concienciación. “Es necesario que se conozcan las consecuencias jurídicas de insultar o agredir a un sanitario sin criminalizar al paciente”.