La inicial ley del "solo sí es sí" de la exministra Irene Montero sigue permitiendo a los agresores sexuales hacer frente a penas menores a las que podrían enfrentar en otras situaciones, en los casos en los que estaba vigente cuando se cometió la violación. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, al futbolista Dani Alves con su reciente condena, pero también a un vecino de la provincia almeriense que será juzgado por penetrar a una mujer tras golpearla con una estaca de madera.

La presunta violación tuvo lugar el 23 de mayo de 2022, de acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía de Almería. Sobre las nueve de la mañana de dicho día, el procesado y la víctima entraron en una vivienda de Roquetas de Mar en la que supuestamente se ejercía "frecuentemente" la prostitución.

Una vez dentro de este domicilio, con la intención de satisfacer su "deseo lúbrico", el acusado habría entrado con la víctima en una habitación y, para vencer la resistencia de la mujer a los "fines" del procesado, le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza con una estaca de madera.

El estacazo habría provocado que la víctima se quedase en un estado de "semiinconsciencia", algo que presuntamente aprovechó el acusado para penetrarla mientras la sujetaba fuertemente por los brazos.

De acuerdo al fiscal, la víctima sufrió policontusiones, con un traumatismo cráneo facial, fractura de la nariz y de huesos de la mandíbula y una luxación, entre otros.

Por ello, tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas y precisó de 120 días para curarse, debido también a las complicaciones que sufrió durante su recuperación.

Debido al estado de la agredida, tuvo que ser su hija la que denunciase la violación, lo que permitió que el acusado ingresase en prisión provisional a inicios de junio de dicho año.

El fiscal acusa al procesado por un delito de lesiones, por el que interesa una pena de cinco años de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años.

Asimismo, reclama 14 años de prisión, 10 años de libertad vigilada con orden de alejamiento de 500 metros durante diez años, y que se le prohíba trabajar con personas menores durante 15 años por un delito de agresión sexual.

Sin embargo, para fijar esta última petición, el fiscal se basa en el marco punitivo más favorable para el acusado, los artículos 178.1 y 2, 179 y 180.1 2º y 6º del Código Penal, de acuerdo con el redactado inicial de la ley del "solo sí es sí", antes de que el PSOE pactara con el PP reformarla. Y es que tal y como indica el Ministerio Público, es "más beneficiosa para el reo".

Por último, el fiscal pide que el procesado indemnice con 90.000 euros a la víctima por los daños morales y con 23.179 euros por las lesiones sufridas.