La Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para evitar el recurso de inconstitucionalidad que barajaba presentar contra 42 artículos y dos disposiciones de la Ley de Impulso para Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), según informaron a Efe fuentes de la Consejería de Fomento. La Junta, por su parte, anunció que renunciará a plantear una "batalla" legal contra el decreto energético aprobado ayer en el Congreso.

La conocida como ley del suelo fue aprobada en el Parlamento en noviembre de 2021, aunque meses antes había sido rechazada por la mayoría de la Cámara, lo que provocó su devolución al Consejo de Gobierno.

Unidas Podemos mantiene el recurso ante el Constitucional por la norma andaluza

Esta ley, uno de los proyectos estrella del anterior gobierno, finalmente salió adelante con los votos de PP, Cs, Vox y la abstención del PSOE, además de las críticas de Unidas Podemos y de los ecologistas al considerar que favorece la especulación urbanística y elimina los controles.

La Lista implica la derogación de una veintena de leyes y decretos y, según el Gobierno andaluz, permitirá la agilización de los planes municipales de ordenación urbana reduciendo los plazos y, además, beneficiará a 300.000 familias que verán regularizadas sus viviendas, muchos de ellas en terrenos rústicos que no eran urbanizables.

El acuerdo, que evita el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Estado, fue alcanzado a principios de agosto por ambas partes en un grupo de trabajo vinculado a la comisión bilateral de ambas administraciones.

Además de resolver las diferencias entre el Estado y la Junta, el acuerdo refuerza la seguridad jurídica de una norma que regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía.

Sin embargo, no afecta al recurso presentado en el TC contra la Lista por Unidas Podemos, el único grupo parlamentario que presentó una enmienda a la totalidad contra esta ley al estimar que fomenta la especulación urbanística, la construcción en suelo rústico y la apertura de campos de golf en zonas con serios problemas de sequía.

Este recurso de inconstitucionalidad fue firmado por 50 diputados del Congreso, entre ellos representantes de Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, que esgrimen que la Lista "vulnera el principio de autonomía local, en tanto que interfiere en los intereses de los municipios". La Junta confía, no obstante, en que este recurso no prospere ni tenga recorrido jurídico.

Horas antes, y en una muestra de acuerdos entre las dos administraciones, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, dijo que la Junta no va a plantear "batallas judiciales" contra el decreto de ahorro energético. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Efe, Fernández Pacheco declaró que se trata de un asunto en el que "deberíamos confrontar lo menos posible" y que no quieren "presentar batalla judicial sino adoptar medidas que funcionen para solucionar un problema que les preocupa".

El 9 de agosto, tras un Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, dijo que los servicios jurídicos de la Junta estudiarían el decreto por si invade competencias autonómicas y que se daban un plazo de tres meses, el establecido legalmente, para decidir si presentaban un recurso ante el Constitucional.