Agotamiento aguas subterráneas

El Defensor del Pueblo advierte del estado del acuífero de Doñana

  • La institución critica a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por no ejercer "las funciones que tiene atribuidas por la legislación"

Unos animales se alimentan en Doñana. Unos animales se alimentan en Doñana.

Unos animales se alimentan en Doñana. / Efe (Sevilla)

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha unido a las voces de las asociaciones ecologistas y ha advertido del estado del acuífero de Doñana, cuyo estado ha calificado de "malo" en "espacios naturales protegidos de relevante valor ecológico".

La institución ha sugerido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que declare las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y Rocina con la figura de "acuífero sobreexplotado" que establece la Ley de Aguas, de modo que esté sometido a un control más estricto en el cumplimiento de "las medidas necesarias para revertir el actual mal estado de estas aguas".

El Parque Nacional de Doñana, uno de los más importantes de Europa, sigue en el ojo del huracán a causa de las continuas presiones que lo rodean. El último caso está relacionado con las extracciones de agua para regar las explotaciones agrícolas.

El último pronunciamiento ha sido del Defensor del Pueblo, quien ha instado a que se garantice "el uso sostenible de los acuíferos" mediante un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine "la planificación de los recursos hídricos, la actividad agrícola y la protección de los espacios naturales", ha señalado el organismo en un comunicado.

Esta sugerencia del Defensor del Pueblo se enmarca en una actuación de oficio para comprobar las actuaciones acometidas por la CHG para frenar la tendencia de continuo descenso de los niveles de aguas subterráneas en el antiguo acuífero Almonte-Marismas como consecuencia de las extracciones para usos agrícolas.

La CHG "no ejerce con suficiente decisión"

Además de los ecologistas, el mal estado de las aguas del acuífero ha sido advertido en los informes elaborados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y por la propia CHG. En base a estos informes, y después de dos peticiones de información, el Defensor del Pueblo "no ha podido concluir que la CHG esté ejerciendo con suficiente decisión las funciones que tiene atribuidas por la legislación de aguas".

De hecho, ha criticado la institución, la CHG carece de la información pertinente que facilite una óptima supervisión del acuífero, ya que "no ha remitido información que permita concluir que conoce con exactitud el número de pozos ilegales existentes" en estos momentos, "ni sobre si las sanciones impuestas se han cumplido".

Crisis de las aguas subterráneas

No es la primera vez que hay voces autorizadas alarmando sobre el estado del acuífero que riega el Parque Nacional, más concretamente el de la Rocina y los Hatos. Ya lo hizo un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año hidrológico 2014-2015.   

Los expertos certifican la crisis hídrica de la reserva natural con un decreciente caudal subterráneo debido a la presión de la agricultura, afectando al equilibrio de carga y recarga de estos recursos, principalmente en años pobres en precipitaciones.

El dilema entre la naturaleza y el uso humano de los recursos naturales, que es el que está en juego en estos acuíferos, se decantó en favor humano en una ocasión más el pasado mes de julio. El Congreso de los Diputados aprobó entonces el trasvase de 20 hectómetros desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir.

El objetivo de tal medida, cuyo proponente era el Parlamento andaluz, era "garantizar el futuro de Doñana y de la actividad de humana y la agricultura en la comarca de El Condado". En otros sectores no provocó tanta euforia. Hay voces en el ecologismo que, si bien defiende los convenios entre la economía social y la preservación natural, alerta también del perjuicio que supone para la desecación de Doñana la proliferación ilegal de cultivos extensivos que agotan los recursos hídricos de los acuíferos.

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