La nueva ley de Función Pública superó el trámite parlamentario con negociaciones incluso la mañana anterior a ser aprobada y que logró el máximo apoyo entre los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía con la excepción de Vox que se opone a la eliminación del requisito de nacionalidad en el personal sanitario. Una de las derivadas que traerá consigo es el inicio de la solución a la situación de más de mil interinos que terminaban su relación con la Junta de Andalucía, algunos después de décadas de servicio.

Según las denuncias de los mismos adelantadas por este periódico, varios de ellos incluso habían cesado ya en su relación laboral con diversos organismos de la administración autonómica y el resto lo sería en las próximas semanas.

Según han confirmado después de la aprobación del texto legislativo en la cámara andaluza, "valoramos muy positivamente el acuerdo entre los grupos, porque eso nos da una mayor sensación de seguridad de que lo que se han comprometido a hacer, se cumpla realmente".

Entre esos compromisos se encuentra "la convocatoria de todas las plazas tanto de los interinos que han cesado ya en sus trabajos, como en los que de momento se quedan". Además, "se ha acordado crear una comisión de seguimiento de esa propuesta con lo que es posible que puedan entrar a formar parte de la misma representantes del personal de función pública y de sindicatos, con lo que tenemos más garantías de que lo que se ha dicho se hará". La sensación entre los interinos, tal y como han adelantado a este periódico es de "mucha alegría pero con cautela".

En el pleno, el diputado del PP-A Juan Bueno puso de relieve las "muchas" enmiendas aceptadas a "todos los grupos políticos" en el marco de un trabajo "muy fructífero" para intentar "el máximo consenso posible" en torno a una ley "muy necesaria", según ha subrayado antes de valorar también que el Gobierno andaluz "se ha fajado" con el "problema sobrevenido" de los interinos de la Junta "para que todo el mundo saliera bien parado desde la legalidad".

El parlamentario del PSOE-A Víctor Torres ha defendido que su grupo ha trabajado "activamente" para consensuar una ley "de referencia" y "de carácter institucional" para el que se han introducido "mejoras" merced a sus enmiendas, de las que se han incorporado unas 70, según ha destacado, al tiempo que ha valorado que con ella se sientan "los cimientos" para la estabilización de personal interino, si bien ha apostillado que esta norma "todavía tiene mejora de recorrido".

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha apuntado que "ha faltado un poco de cocción parlamentaria" para esta ley "tan importante" con la que a su grupo le hubiera "gustado un poco más de trabajo de la ponencia", si bien ha valorado que con ella se busque "resolver el tema del personal interino", que era algo que había que "hacer ya con una norma con rango de ley".

Una plaza ganada con exámenes

La mayor parte de estos interinos son mujeres con más de 50 años de edad y con 15 y hasta 30 ejercicios continuados en la administración autonómica. Algunas de ellas, han llegado a su plaza después de superar hasta media docena de exámenes.

La estricta aplicación de la Ley 20/2021 como consecuencia de una directiva comunitaria, obligaba a todas las administraciones a desarrollarla para que el porcentaje de temporalidad de sus trabajadores, se quedara en un 8%. La mayor parte de ellas, paralizaron estos procesos y estabilizaron a su personal salvo la Junta de Andalucía. Las entidades locales, desde ayuntamientos a universidades, diputaciones e incluso los entes instrumentales, convocan procesos para esta consolidación de las personas, por lo que este grupo de funcionarios considera que es una víctima de un agravio comparativo.

Los trabajadores habían solicitado durante varios meses “un trato justo, que nos valoren de una manera digna y consecuente la labor que hemos ido desempeñando a lo largo de tantos años en la administración. No podemos consentir este trato injusto y discriminatorio por lo que solicitamos unos procesos justos de acuerdo a la ley, tal y como van a realizar nuestros compañeros de sanidad, justicia, universidades, ayuntamientos, entes instrumentales y la creación de la bolsa preferente recogida en el decreto 12/2022 de 29 de noviembre”.