La Comisión Europea (CE) anunció que analizará la reforma fiscal aprobada por el Gobierno español para ver si está en línea con las recomendaciones europeas al país, que insisten en la necesidad de subir el IVA. El vicepresidente de la CE y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, explicó en rueda de prensa tras el Consejo de ministros de Economía de la UE (Ecofin) que las autoridades españolas no han consultado en detalle al Ejecutivo comunitario antes de aprobar su reforma fiscal.

Esta dará lugar a un aumento del PIB del 0,55% en 2015 y 2016 (unos 5.500 millones de euros), mientras que como consecuencia de la rebaja de retenciones en el IRPF, veinte millones de contribuyentes en 2015 contarán cada mes con más renta disponible. No obstante, los tipos IVA permanecerán como hasta ahora a partir del 1 de enero de 2015, aunque habrá determinados productos sanitarios que cambiarán del gravamen reducido al general (del 10 al 21%) en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo.

"Estábamos en general al corriente de los planes del Gobierno español de tomar mas acciones en el campo de fiscal y de la reforma fiscal, pero no puedo decir que hayamos sido consultados intensamente", dijo Rehn, que participó en su última reunión de ministros de los Veintiocho ya que ha sido elegido eurodiputado. "Esto quiere decir que ahora estudiaremos las decisiones y analizaremos su compatibilidad con las recomendaciones por países", añadió el finlandés. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la reforma "estaba hablada desde hace bastante tiempo" con la Comisión Europea, y es "perfectamente congruente y compatible con las recomendaciones" de Bruselas para España.

Las recomendaciones a España respaldadas por los Veintiocho piden al país, entre otras cuestiones, que desplace la carga fiscal del trabajo hacia tributos menos distorsionadores, como los que gravan el consumo, incluido el IVA, el deterioro del medio ambiente (los combustibles por ejemplo) o los bienes inmuebles (IBI). Los socios europeos de España también instan al país a rebajar las cotizaciones sociales y eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades y el IRPF. "Se trata esencialmente de que (la reforma) esté en línea con las recomendaciones. En caso de que lo estén sin una consulta intensa con la Comisión Europea, tanto mejor", recalcó Rehn.

La carga fiscal de España está por debajo de la que se impone en las otras grandes economías europeas, como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, y ocho puntos por debajo de la media europea, según los últimos datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat. De Guindos reconoció que el sistema tributario español tiene "tipos individuales muy altos y sin embargo nuestra recaudación está por debajo de la media" europea, pero indicó que la reforma fiscal tratará de enmendar esto. La reforma fiscal aprobada por el Consejo de Ministros introduce "impuestos más simples, más claros, con bases imponibles más amplias, con menos deducciones y con tipos medios más reducidos, lo que va en la dirección correcta", dijo De Guindos.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea también respaldaron cerrar el expediente que Bruselas había abierto a seis países por acumular un déficit público excesivo, entre ellos la quinta y sexta economía de la eurozona, Holanda y Bélgica. Además, Austria, Dinamarca, Eslovaquia y la República Checa quedan fuera del proceso que se inicia contra los países que superan el tope máximo del 3% de déficit marcado en la legislación comunitaria, que puede suponer la imposición de multas de hasta el 0,1% del PIB para los países del euro. España se mantiene, por contra, entre los once socios incumplidores y deberá reducir su déficit por debajo del 3% en 2016, al igual que Francia, país al que se le piden más esfuerzos reformistas y que aplique más recortes a su gasto público para asegurar que respeta este tope europeo el próximo año.

Una parte importante de las recomendaciones de los socios comunitarios se centra en los problemas del mercado laboral de España. En este apartado, recomiendan al Gobierno impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación en favor de la calidad y la sostenibilidad del empleo, por ejemplo, al "reducir el número de tipos de contrato" y garantizar "un acceso equilibrado" a los derechos en caso de cese de la relación laboral. Además, España debe velar para que "la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo". La UE cree asimismo que España podría "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo" para percibir las prestaciones de desempleo. Igualmente opinan que el Gobierno debe abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes minimizando los costes para el Estado y crear, antes de finales de 2014, un observatorio independiente para evaluar los grandes proyectos futuros de infraestructura.