Jesús Silva, abogado de la infanta Cristina, afirmó ayer que prefiere que la hija del Rey acuda a declarar como imputada ante el juez del caso Nóos el 8 de febrero sin paseílloante las cámaras por la rampa que da acceso a los juzgados de Palma y que el interrogatorio no sea grabado en vídeo.

En declaraciones a la prensa a las puertas de su despacho, Silva afirmó que respeta la decisión de las autoridades judiciales, pero que preferiría que a la Infanta se le permita acceder en coche directamente al patio de los juzgados de Palma, ahorrándose así el paseíllo por la rampa del edificio judicial donde su esposo, Iñaki Urdangarín, y el resto de imputados del caso Nóos han desfilado ante las cámaras.

El juez decano de Palma debe decidir aún si permite la entrada de la infanta en coche a los juzgados para prestar declaración como imputada, un interrogatorio que el juez del caso Nóos prevé grabar en vídeo, como en otras situaciones similares.

Silva, que defiende a doña Cristina junto al abogado Miquel Roca, reconoció que "no le gusta" que la declaración judicial de la Infanta ante el juez Castro se grabe en vídeo, pero precisó que respeta esa decisión por ser una cuestión que atañe "a las autoridades judiciales competentes".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mostró ayer su confianza en que la Audiencia de Palma evite a la Infanta "situaciones de carácter previo" que puedan considerarse perjudiciales para ella. En su opinión, "no se deben producir penas paralelas", así dijo, en declaraciones a la Cope, que está "seguro" de que la Sala de Gobierno de la Audiencia de Palma tomará "medidas para evitar" que se dé "una situación de carácter previo que pueda considerarse perjudicial para la persona que acude a declarar", especialmente "si no es necesario para el buen fin de la declaración". Según Gallardón, es "obvio" que la "actitud de colaboración" que a su juicio ha tenido la Infanta no debe ir acompañado de esa "pena paralela".

El ministro sí cree -a diferencia del juez Castro- que Doña Cristina colabora con la Justicia "de forma voluntaria" puesto que ha renunciado a su "legítimo derecho constitucional" a recurrir su imputación.

En la misma línea, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, sostuvo ayer que la ley de Enjuiciamiento Criminal "hasta ahora" no impone la "pena de paseíllo" a los acusados y consideró que vería "estupendamente" que la infanta Cristina entrara en coche para declarar.

La presidenta del PP de Madrid parafraseó una reflexión del ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, según la cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación. "Eso es una verdad como un templo", apostilló Aguirre.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, afirmó por su parte que "todos los españoles son iguales ante la ley" y que "según esa premisa hay que actuar".

José Luis Centella, portavoz de la Izquierda Plural, exigió al Gobierno que deje de "proteger" a la Casa Real, porque cuando intenta aparecer como "defensa escoba" -advirtió- "cae en el ridículo".

Los portavoces parlamentarios de UPyD, Rosa Díez, y del PNV, Aitor Esteban, rechazaron ayer por su parte que se pueda conceder un trato de favor a la Infanta cuando acuda al juzgado de Palma de Mallorca. "Son momentos duros, supongo que a todo el mundo le puede pasar, pero si el resto de las personas han tenido que recorrer esa cuesta, incluido su marido, pues imagino que a ella también le tocará", aseguró Esteban.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, cuya organización ejerce la acusación popular, cree que deberá tener el mismo trato que su marido a la hora de acceder a los Juzgados y que las únicas medidas especiales que debería arbitrar el juez decano de Palma son las relativas al equipo de seguridad "discreto y suficiente".