Finanzas

El sector agrario vuelve a unirse para revertir la crisis de precios en Almería

  • Realiza en conjunto un acto simbólico en el que los productos acaban por los suelos. Acuerda la retirada de entre el 5% y el 10% de la producción y señala al Gobierno central y Junta para que dejen de hacer "oídos sordos"

  • Explican que los comedores y organizaciones sociales son atendidas, pero hecho esto la única salida es la destrucción para conseguir mejorar los precios

Otro acto simbólico de retirada de producto por el sector agrícola almeriense en su conjunto Otro acto simbólico de retirada de producto por el sector agrícola almeriense en su conjunto

Otro acto simbólico de retirada de producto por el sector agrícola almeriense en su conjunto / Rafael González (Almería)

Representantes de Coexphal, Asaja, UPA, Coag y Ecoal en el acto simbólico en El Ejido Representantes de Coexphal, Asaja, UPA, Coag y Ecoal en el acto simbólico en El Ejido

Representantes de Coexphal, Asaja, UPA, Coag y Ecoal en el acto simbólico en El Ejido / Rafael González (Almería)

La historia se repite sin que se ponga solución y herramientas hay, pero algunos mecanismos se saltan a la torera sin aparentes consecuencias y otros directamente no se articulan para el sector hortofrutícola. Si bien ayer la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) procedía de manera simbólica e individual a la retirada de producto ante la crisis de precios que vive de nuevo el sector y los días precedentes los agricultores denunciaban la situación a través de las redes sociales, hoy el sector en su conjunto representado por las organizaciones agrarias UPA, Coag y Asaja, así como por la comercialización a través de la misma Coexphal y Ecohal, procedía a otra retirada para ilustrar las bajas cotizaciones en origen por debajo de los costes de producción. Esto se producía después de que ayer por la tarde acordaran retirar en los próximos días en torno 5% y al 10% de la producción comercial para intentar revertir la situación.

Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, indicaba que hace dos años se tenía que haber puesto solución a este hecho que se repite campaña tras campaña, después de una reunión con el Ministerio de Agricultura, en la que se insistió en poder hacer retiradas efectivas para evitar el hundimiento de los precios a causa de distintas circunstancias como el buen clima que aún se mantiene en Europa o el aumento de la producción; sobre lo último señalaba nuevas zonas productoras que antes no existían y ahora sí, así en determinadas áreas de Alemania. “Estamos en la misma situación”, decía Iglesias quien mantenía el no funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria e insistía en la necesidad de una declaración anual de superficie de cultivo en activo, “sabemos los que vendemos y no lo que producimos, esto es necesario para evitar prácticas como el reetiquetado y que haya transparencia al sector. Tenemos herramientas para solucionar parte del problema”.

Por su parte, Juan Antonio González, presidente de Coexpha, reivindicaba la implicación de la Administración, desde la que "se hace oídos sordos". 

Insisten a la Junta en que diga quien realiza prácticas fraudulentas en el campo almeriense

Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, recordaba que mañana se cumple un año de la gran movilización para remendar esta crisis estructural de precios, "y hay más de lo mismo". Navarro exponía la situación "penosa" en que el agricultor no puede seguir con su actividad vendiendo bajo costes de producción, "también es triste cuando las comercializadoras nos dicen que en Europa se vende tomate a 40 céntimos el kilo, no podemos competir con ese precio". Desde la organización hacen un llamamiento a las administraciones competentes y exigen a Gobierno central y Junta de Andalucía que hagan su trabajo.

Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería, manifestaba el compromiso de trabajar de forma conjunta por parte del sector y aseguraba que se ven obligados, "por desgracia", a tirar un volumen de producto para conseguir reacción del mercado. "Llevamos décadas hablando de terceros países y de la negligencia de la administración, esto se veía venir y cada año es un tema recurrente", insistía Góngora, quien detallaba que la crisis del tomate ha tenido la consecuencia de una sobreproducción en otros productos como pepino o calabacín, "pero a pesar de perder superficie el tomate también se ve perjudicado. A poco que haga buen tiempo, los precios se hunden y los supermercados hacen el agosto, saben que tienen mucho producto y se lo llevan a cero, estamos hablando de precios de risa, con eso no hay manera de seguir adelante". El responsable de Coag señalaba como máximo responsable al Gobierno español como interlocutor con Bruselas, "se nos sigue hablando de la PAC (Política Agraria Común) y el sector hortofrutícola no vive de las ayudas directas de la PAC. Queremos que se nos proteja". También apuntaba a la Junta de Andalucía, "se nos prometió hace un año que se iba abordar el re-etiquetado de productos de Marruecos por parte de empresas que son traidoras del sector y seguimos sin información de quiénes son y qué sanción les caerá".

Por otro lado, siguiendo con las importaciones de terceros países, de acuerdo a las palabras de Góngora: "la presión a la Administración se va a incrementar, llevamos dos años pidiendo la información sobre el pago de tasas arancelarias de Marruecos cuando sobrepasa el contingente y el Gobierno nos dice que no lo sabe, ¡qué broma es esta! No lo saben porque no se paga nada. Hoy se están vendiendo tomate de Marruecos en Perpignan a 40 céntimos incumpliendo el precio de entrada que está en 46 céntimos y ya veremos en cuanto al volumen, porque el año pasado sobrepasaron las 450.000 toneladas cuando tenían autorizadas 320.000. Marruecos está jugando muy bien y el Gobierno traicionando al sector".

Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, exponía que esta actuación es un grito de socorro. Decía que esta situación afecta al agricultor pero también a las empresas: "No todo lo que entra en las empresas se consigue vender, los calibres menos comerciales van a destrucción. Se producen ventas a pérdidas, de cada kilo que se vende se pierden unos 11 céntimos".

Por último el sector entiende que a la sociedad pueda sorprender la retirada de producto, más en una época en que se vive una gran crisis sanitaria derivada de la COVID-19 que también tiene su impacto económico en las familias. En este sentido, señalaban que los comedores sociales están atendidos y tras ello la única vía es la destrucción para conseguir equilibrar oferta y demanda y que al menos se cubra el coste que tiene para ellos producir.

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