Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado durante estos años la aportación para la atención a la dependencia, algunas comunidades, como Andalucía, han reducido la financiación que destinan al sistema, tal y como ha desvelado la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales. Es decir, el Gobierno andaluz ha preferido ahorrarse ese dinero a sabiendas de que para muchas personas estos recursos o prestaciones son de vital importancia para procurarles una mayor dignidad a sus vidas. Hasta tal punto ha llegado la lamentable gestión que el Ejecutivo del PP está realizando de este derecho que nos ha convertido en la segunda comunidad autónoma con más demora en dependencia de España, sólo por detrás de Canarias.

Las cifras hablan por sí solas: la lista de espera para la dependencia en Andalucía ya supera las 78.000 personas, de las que la mitad está pendiente de valoración y el resto aguarda a que se les apruebe su prestación. De hecho, ‘esperar’ es la palabra que más se repite entre las personas dependientes y sus familias, que soportan estoicamente una media de 543 días para que se les dé respuesta desde la Junta.

El Gobierno del PP tiene que priorizar los recursos necesarios para resolver esta situación, aumentando la financiación y el personal de forma estable, para cumplir con el plazo establecido en la Ley de Dependencia, que es de 180 días, muy lejos de las condiciones que se dan en este momento.

Además, con las medidas anunciadas por la consejera para reducir supuestamente las listas de espera, retirando las competencias del registro a los ayuntamientos, el Gobierno andaluz demuestra que lo que está buscando es controlar la inscripción de las nuevas solicitudes para maquillar a su antojo el aumento de las demoras, con el convencimiento de que lo que no se ve, no existe. Después de cinco años de gobierno del PP, las listas de espera para las ayudas a la dependencia no han dejado de crecer en la provincia y en Andalucía, de la misma manera que han aumentado las sanitarias o las aulas prefabricadas. Este es el balance de Juanma Moreno que, en su particular cruzada por la igualdad en Cataluña para confrontar, se olvida que son los servicios públicos los que en realidad nos han hecho iguales a todos y todas, vivamos donde vivamos, desde que aprobamos nuestro Estatuto de Autonomía.