Visto en clave biológica y aun sociológica, el derecho a equivocarse es consustancial a toda actividad humana ya que sin él nunca se progresaría y viviríamos cautivos del perfeccionismo inalcanzable o condenados a vegetar. Equivocarse, según la RAE equivale a desacertar o fallar en algo, por acción u omisión, añado, y tengo por cierto que sin error previo, nada aprendo. Pero la tolerancia de tal derecho, no es infinita y fricciona a menudo con otros valores éticos o deberes legales, no menos básicos para la convivencia, aunque sus límites sean a menudo borrosos. Vean en crudo la deriva del tradicional "principio de protección frente a la vulnerabilidad" de discapacitados o no autosuficientes, que hoy genera no pocos dilemas bioéticos, desde que una nueva ley (8/21), impone respetar sus decisiones, aun en casos de disfunción cognitiva, y las prioriza sobre lo que, hasta ahora, decidían familiares o cuidadores. Piensen en los conflictos que derivarán para sus familias, los casos de anomalías conductuales propias de la ancianidad, a la que el nuevo derecho a equivocarse les reconoce e iguala al resto, incluso para disparatar "en todos los aspectos de la vida", según se regula como un derecho abstracto, de alcance incierto en complejos escenarios de asistencia para asegurar las ayudas, por ejemplo, en casos de discrepancias sobre su ingreso en residencias como opción familiar que, al cabo, será quien soporte las resultas de sus yerros, al prevalecer la voluntad del discapacitado al margen de la racionalidad de sus decisiones, porque con la nueva ley, el juez solo le podrá enmendar la plana en casos extremos.

Un derecho a errar que tampoco es pacífico en la vida pública, con casos que hasta estremecen cuando vemos flagrantes errores de políticos, cuyas consecuencias no asume nadie en forma alguna, como si el asunto de la responsabilidad fuera algo insólito en clave política. Y si alguno alardea de asumirlas, pospone sine díe cualquier mecanismo que lo sometiera a nada parecido a un juicio público, para seguir gobernando como si nada, ni dar cuenta de lo hecho o decretado en contradicción con lo dicho o esperado. Y aunque el derecho a equivocarse no sea, ni personal ni políticamente, ilimitado, porque acaba comportando la quiebra del equilibrio familiar y social, no faltan políticos que se protejan y "des-legislen" para que ni los jueces puedan corregirles aun en caso extremo.