En menos de veinticuatro horas, después de varios años de demora y de funcionamiento en precario de las instituciones afectadas, PSOE y PP se han puesto de acuerdo para renovar los miembros de esas instituciones, que ya no respondían al mandato constitucional por haber agotado en su composición su tiempo de vigencia. Son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Queda fuera del pacto el Consejo General del Poder Judicial. Y esto es precisamente lo que más llama la atención de este pacto, que haya dejado fuera al órgano de gobierno de los jueces. ¿A qué se debe? Seguramente tendrá mucho que ver que el PP quiere que se cambie la ley para que 12 de sus 20 componentes sean elegidos por los jueces mismos. Y dirá el lector: es razonable. Tendrá algo que ver también que el PP está cerrado a participar en cualquier negociación en la que intervenga como interlocutor Unidas Podemos, por aquello de que son comunistas y a esa gente hay que trazarle una línea sanitaria para que no se acerque al poder judicial, ya que ha conseguido participar en el poder legislativo y en el ejecutivo. Y dirá el lector de derechas: claro, claro. Pues no. El PP no quiere renovar el Poder Judicial porque tiene aún un gran número de causas judiciales pendientes por corrupción. Ni más, ni menos. Y no quiere que en ello intervenga Unidas Podemos por el visceral anticomunismo heredado del franquismo, porque para ellos, todavía, los comunistas no representan en las instituciones otra ideología, otra forma de gobierno y otras ideas económicas y sociales, sino que son unos verdaderos demonios con cuernos y rabo.

Así que, en cuanto al Poder Judicial se refiere, la Constitución no la cumple el PP por intereses de partido y electorales (procesos judiciales en curso) y por motivos ideológicos (Unidas Podemos). Es decir, la ley que quieren se aplique al independentismo catalán a rajatabla, ellos se la saltan a la torera en función de sus intereses electorales y partidistas. Mal servicio hace así la derecha a la Constitución, al Poder Judicial y a España.

Si, por otro lado, a eso le añadimos que parece ser que la Fiscalía del Estado va a dejar de investigar al Rey Emérito por sus presuntos chanchullos financiero-fiscales, la verdad es que la Justicia en España queda muy mal parada. Da la impresión de no ser una Justicia ciega ni justa.