Caixabank y Bankia, el Banco Santander y el Sabadell, el BBVA, Ibercaja (como El Corte Inglés, la perfumera Douglas, la consultora tecnológica Indra, H&M, NH Hoteles, la hostelera alemana TUI, Pullmantur Cruceros, Viajes Carrefour, Iberostar, Casual Hoteles, la multinacional del cáterin aéreo y ferroviario Newrest, Zara, Bosch, Tubacex…), son solo algunos ejemplos de grandes empresas que preparan expedientes de regulación de empleo, o ERES. Solo en la banca la cifra de despidos asciende ya a 18.000 trabajadores y el proceso suma y sigue -nunca mejor dicho- como resultado de la consolidación de las nuevas tecnologías durante la pandemia. Se acelera así lo que se esperaba: los recortes de plantillas y la disminución del número de oficinas. El sector bancario ha perdido los últimos años 100.000 empleos según los datos del Banco de España.

El Gobierno, con el liderazgo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desplegó una serie de medidas de protección para el mercado laboral sin precedentes en España, como la prohibición de los despidos o la obligación del mantenimiento de las plantillas en los seis meses posteriores a la suspensión temporal de los contratos. Pero el alargamiento de la pandemia y la obligación, por lo visto, ineludible, de retribuir a los accionistas y de sobreincentivar a los directivos y ejecutivos con sueldos escandalosos han impulsado a anunciar una oleada de ERES, una sangría que agravará el desempleo, cifrado actualmente en 4 millones de parados, a los que hay que añadir los 900.000 trabajadores que siguen en situación de ERTE.

Todo esto quiere decir que, además del drama de los afectados, los derechos de los consumidores y usuarios se verán mermados. Para los bancos, más que nunca, el cliente será solo un número y no dudarán en cobrar comisiones abusivas y poner condiciones draconianas para la firma de préstamos e hipotecas -seguros de vida u otros obligatorios, por ejemplo-.

Es incomprensible que el Gobierno no ataje esto drásticamente, toda vez que dio a la banca 60.000 millones de euros que no ha devuelto a los españoles y que la economía está completamente bancarizada, pues no se puede disponer del propio sueldo, de la propia pensión, si no es a través de un banco, hechos ambos que deberían causar no pocas obligaciones sociales a las entidades.

En el sector bancario, como en los de las eléctricas y los seguros, hay mucho que legislar.