Níjar

El Defensor del Pueblo Andaluz le pide a Níjar un informe de la Ley de Memoria Histórica

  • Jesús Maeztu ha hecho extensiva su petición sobre la retirada de simbología franquista a otros cinco municipios de la provincia

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu (segundo por la izquierda) El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu (segundo por la izquierda)

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu (segundo por la izquierda)

 Níjar está entre los seis de la provincia, superiores a 20.000 habitantes, a quienes la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha requerido información sobre la existencia en sus términos municipales de elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica que no hayan sido retirados aún y para que informen de si han recibido algún tipo de solicitud, bien de Gobierno o Junta de Andalucía, bien de colectivos memorialistas, instando a su eliminación.

La institución que dirige Jesús Maeztu ha entrado en relación con el ayuntamiento nijareño para que concreten si han dado tramite a las solicitudes, si se han encontrado «dificultades» en caso de «ponerse de manifiesto» que era «inviable su retirada» y que si han arbitrado procedimientos para eliminarlos y darles, si es que procediese, «un destino».

Almería capital (201.322), Roquetas de Mar (98.433), El Ejido (83.758), Vícar (26.899 y, Adra (25.412) completan, junto al de Níjar (31.666), el sexteto de ayuntamientos almerienses a los que esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido en la búsqueda de información sobre esta misma materia que forma parte del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el 28 de marzo de 2017.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se interesa también por las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar su eliminación y si tienen previsto el destino de los elementos eliminados o a eliminar, y pregunta si se ha notificado o requerido a la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de quien es competencia esta materia, el apoyo o asesoramiento para tal finalidad.

La actuación del defensor responde a la recepción durante 2020 de «quejas referidas a la existencia de estos elementos en calles y plazas» en las que se solicitaba por los promotores la retirada al haber transcurrido «casi tres años» de la entrada en vigor de la referida ley.

«Con estos antecedentes, entendemos oportuno tomar mayor conocimiento sobre los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aún no hayan sido eliminados o retirados en la provincia», sostiene la Oficina del Defensor.

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