Llamadas a la Policía Local “sin que sirva absolutamente para nada” e incluso a la Guardia Civil, “que dicen que no tienen competencias en el asunto”. Requerimientos al Ayuntamiento de Roquetas de Mar e incluso anuncio de una próxima demanda contra la administración local “por dejación de funciones”. Son las armas con las que varios vecinos de edificios ubicados junto al paseo marítimo y el puerto roqueteros intentan luchar actualmente para evitar que varios negocios de hostelería de la zona invadan con sus terrazas el propio paseo marítimo. La situación, aunque las quejas contra estos locales vienen de muy atrás e incluso media una sentencia condenatoria por exceso de ruidos, se produce en plena crisis sanitaria e impide, según denuncia una de las vecinas de la zona, que se pueda mantener la distancia de seguridad requerida entre los ocupantes de las mesas y las personas que pasean por el paseo marítimo.

Esa zona está abandonada de la mano de Dios”, abunda esta vecina del Puerto de Roquetas, cuyos locales de ocio vienen generando conflictos con los vecinos desde hace años, tanto por la ubicación de terrazas en el propio paseo marítimo, “que está completamente prohibido por la Ley de Costas”, como por los ruidos

“Se están poniendo en riesgo vidas y nadie hace nada”, asegura la denunciante, quien prefiere mantenerse en el anonimato para “evitar posibles represalias” por parte de los responsables de unos locales –“especialmente dos, aunque son más los que tienen terrazas completamente ilegales, pues no cuentan con licencia”, apunta– de quienes dice que actúan con total impunidad. “Colocar terrazas en estos locales ya de por sí es una ilegalidad, lo que no impide que invadan con sus mesas el paseo marítimo, pero es que en la situación en la que estamos actualmente es todavía peor”, arguye. En los últimos días ha realizado varias llamadas a la Policía Local, cuyos agentes, asegura, “llegan, echan un ojo y se van”, sin que haya advertido que se haga nada para corregir la situación. Desde el Ayuntamiento de Roquetas, cuestionado por este asunto, se afirma que, en efecto, se han producido llamadas a la Policía Local en los últimos días y se está “elaborando un informe” al respecto. “Ahí no debe haber mesas nunca, pero es que ahora con mucho mayor motivo, yo personalmente estoy harta de esta situación”, defiende una de las personas que se considera afectada por la situación.

El problema de la ocupación del paseo marítimo por parte de estos locales se ha agravado con la llegada de la fase 1 de la desescalada, cuando se han vuelto a permitir las aperturas de los negocios de hostelería, pudiendo atender a clientes únicamente en las terrazas y debiendo cumplir con todos los requisitos de seguridad. Tanto el Ayuntamiento roquetero como los de la gran mayoría de municipios han elaborado normas excepcionales que permiten la ampliación de terrazas para ayudar a los empresarios a paliar las reducciones de aforo obligatorias. Esta medida excepcional, en cambio, parece chocar en este caso con otra norma de superior rango: la obligatoriedad de mantener las distancias de seguridad, que con las mesas ubicadas en el propio paseo se antoja imposible.

“Se están poniendo en riesgo vidas y nadie hace nada”, asegura la denunciante, quien prefiere mantenerse en el anonimato para “evitar posibles represalias” por parte de los responsables de unos locales

El Consistorio ha intentado tomar cartas en el asunto en más de una ocasión, reconoce la afectada, aunque sin resultados: “hace dos veranos sacó un bando que obligaba a retirar las terrazas, las quitaron un par de días, las volvieron a colocar y ya está”, asegura. De hecho, son del Ayuntamiento las competencias para la concesión o no de licencias y las sanciones en el caso de no disponer de ellas, pero las competencias sobre los paseos marítimos son plenamente de Costas. Tampoco le ha servido, asegura, comunicar el problema personalmente al alcalde, Gabriel Amat.

“Esa zona está abandonada de la mano de Dios”, abunda esta vecina del Puerto de Roquetas, cuyos locales de ocio vienen generando conflictos con los vecinos desde hace años, tanto por la ubicación de terrazas en el propio paseo marítimo, “que está completamente prohibido por la Ley de Costas”, como por los ruidos. De hecho, existen actualmente varios procesos judiciales abiertos y una sentencia firme, dictada el pasado 13 de noviembre de 2019, por la que se condena a dos personas a penas de prisión por un delito contra el medio ambiente, al superar sus establecimientos los límites acústicos permitidos. La denuncia que inició este procedimiento penal procedía de vecinos de cinco bloques de viviendas ubicados en el llamado Residencial Mediterráneo, sito en la calle José Ojeda. Dicha denuncia data de junio de 2015 y la sentencia condenatoria se dictó más de cuatro años después.