Descarbonizar por completo la economía española en la segunda mitad del siglo XXI es el objetivo principal de la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno.
Para conseguirlo, el paquete normativo que prepara el Ejecutivo incluirá numerosas medidas que afectan a prácticamente todos los sectores de la economía española, medidas que podrían resumirse en quince claves:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 por ciento con respecto a 1990 en el año 2030 y un 90 por ciento en el año 2050.
- El sistema eléctrico se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable en el año 2050.
- Durante la década 2020-2030 el Gobierno impulsará la instalación de al menos 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables.
- A partir de la entrada en vigor de la ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos.
- No se podrán tampoco desarrollar actividades de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos, y las licencias vigentes no podrán seguir más allá de 2040.
- La ley prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles.
- El sector público estatal se tendrá que desprender de sus participaciones en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles.
- La ley fija como objetivo que en el año 2050 ningún turismo o vehículo comercial ligero circule si emite de forma directa dióxido de carbono.
- En el año 2040 ya no se permitirá la matriculación y venta en España de vehículos que emitan CO2; esta medida afectará a los de diésel y gasolina, pero también a los coches híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP).
- La normativa establecerá la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes.
- Todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones en el año 2023.
- El Gobierno fomentará la renovación de los edificios públicos y privados para conseguir edificaciones de alta eficiencia energética y descarbonizadas antes de 2050.
- Entre los años 2021-2030 se rehabilitarán con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media.
- El 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberá tener, cuando la ley esté en vigor, un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
- La ley irá acompañada de una estrategia de transición justa para paliar los efectos sobre los territorios y los trabajadores más afectados por la transición.
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