La Fiscalía se ha adherido al recurso de Greenpeace contra el procesamiento acordado para los activistas acusados de causar daños al acceder en 2014, en el marco de una acción reivindicativa, al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, al considerar que en la investigación judicial "no ha aflorado ningún indicio que acredite lo que hizo cada una de las 19 personas identificadas y, en particular, si ocasionaron algún daño concreto".

El Ministerio Público, que, en concreto, se ha adherido como ya hizo en reforma al recurso de apelación a la Audiencia Provincial del colectivo contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Vera que propuso que los activistas fueran a juicio, sostiene, en esta línea, que no ha quedado "debidamente justificada" la perpetración del delito, según han informado fuentes judiciales.

Cabe recordar que la causa, que ahora se tramita como procedimiento abreviado, fue archivada por el juzgado instructor, si bien en segunda instancia se ordenó su reapertura en 2017 tras el impugnación de la promotora del hotel, Azata del Sol, porque tanto juez como fiscal concluyeron que los investigados "no tenían la intencionalidad de dañar propiedad ajena", sino que era "una manera de protestar".

La Fiscalía, que siempre ha pedido el sobreseimiento, estima que "prima el componente simbólico al material". De hecho, mantiene que, al estar declarada nula la licencia municipal de obras "y se llevase a cabo la demolición, los desperfectos quedarían sensiblemente anulados o disminuidos".

Por su parte, en el recurso de apelación, Greenpeace señala "abierta contradicción " entre el auto que acordó el sobreseimiento de la causa en 2016 y último el auto que transforma diligencias previas en procedimiento abreviado y subraya que la situación que "describía" en el primero es "la misma en la actualidad".

"Desconocemos a qué pruebas se refiere el juzgado instructor ya que lo único acontecido desde el archivo han sido más declaraciones de investigados que, en absoluto, han determinado su participación en los hechos", traslada el colectivo, que ahonda en que la "presuntamente perjudicada" Azata no ha presentado alegaciones, "por lo que entendemos que no tiene razones para sostener su denuncia".

En el recurso, Greenpeace indica que "resulta difícil comprender" que en una edificación "ilegal, condenada a la demolición por mor de múltiples pronunciamientos judiciales, pueda consumarse un delito de daños que se no se acredita".