El Gobierno está tramitando una nueva Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto fue informado al Consejo de Ministros el 1 de marzo y se espera que se pueda aprobar definitivamente el próximo año, que dejará sin subvención a las rutas aéreas con obligación de servicio público (OSP) dentro de la península, un nuevo escenario en consonancia con los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometidos con la Comisión Europea que acabaría con el vuelo entre Almería y Sevilla si la administración regional dejara de financiarlo.

En el artículo 45 del anteproyecto de la nueva ley se establece que la financiación de las obligaciones de servicio público que se impongan en el ámbito europeo en rutas dentro de la península corresponderá en todo caso a las administraciones proponentes y no será asumida en ningún caso por la Administración General del Estado. Una corresponsabilidad financiera por la que desaparecería el vuelo que vertebra Andalucía si la Junta no mantuviera el pago de una cantidad de 2,2 millones de euros al año para su funcionamiento. Las rutas entre la ciudad autónoma de Melilla con Sevilla, Granada y Almería sí cuentan con financiación estatal, si bien no peligran en este nuevo marco de mantenimiento de las OSP porque no son vuelos dentro de la península, al igual que ocurre con los de las islas Canarias y Baleares.

La ruta aérea Sevilla-Almería está declarada de servicio público desde 2009 entrando en funcionamiento el 15 de enero de 2010 operada por Air Nostrum para mantenerse activa hasta la actualidad, si bien experimentó un parón entre el 14 de enero y el 31 de julio de 2014, en el que fue gestionado en régimen de libre mercado por Air Europa sin recibir subvenciones, al quedar suspendida temporalmente la OSP por un conflicto en la tramitación de la renovación del servicio que enfrentó a la Junta y el entonces Ministerio de Fomento. En la actualidad operan nueve frecuencias semanales con un crecimiento del número de viajeros del 82,4% en los tres primeros meses del año.

Artículo 45 de la nueva Ley de Movilidad Sostenible

Al operar bajo esta declaración, está sometida a una serie de requisitos de obligado cumplimiento, como tener una operación regular y continuada de los servicios, con horarios que permitan una adecuada conectividad entre ambas ciudades, con garantías de trayectos de ida y vuelta en el mismo día en jornadas laborables y con unas condiciones mínimas de calidad del servicio en cuanto a precios del billete y oferta de asientos. El contrato de concesión del servicio se renovó en verano de 2018 por un periodo de cuatro años y un coste de adjudicación de 8,8 millones de euros. El vuelo Almería-Sevilla fue un modelo a copiar en las declaraciones de OSP que se hicieron en Badajoz y Melilla que una vez aprobadas elevaron por encima de la veintena las rutas subvencionadas en nuestro país: 13 en Canarias, 4 en Baleares, 3 en Melilla y 2 en Badajoz.

Es más, la futura Ley de Movilidad Sostenible contempla que de forma previa a la declaración como obligación de servicio público por el Consejo de Ministros deberá incorporarse el expediente con el compromiso de su financiación expedido por el órgano de la administración proponente para la aprobación del gasto: "El Estado no asumira en ningún caso el coste de provisión de los servicios en rutas aéreas peninsulares si las comunidades autónomas interesadas no disponen de los fondos que se estime necesarios para satisfacer tales obligaciones. En este caso, el Estado podrá suspender temporalmente o extinguir definitivamente la declaración". Y en otro de los apartados se indica que se realizará un estudio de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para analizar la situación de la línea en relación con la calidad del gasto público que podría desembocar en su cancelación.

Países como Francia, Noruega, Suecia, Italia o Portugal vienen apostando por el desarrollo y sostenimiento de la aviación regional y de aeropuertos de segundo y tercer nivel a través de la financiación de obligaciones de servicio público mientras que en España este instrumento se ha centrado principalmente en darle continuidad a las comunicaciones ferroviarias y marítimas. España sólo tiene una veintena de líneas con OSP frente a las 57 francesas (31 subvencionadas) y Air Nostrum opera once de las rutas, el 46% de las declaradas en España. En los últimos años, el Estado ha asumido un gasto por encima de los 1.200 millones de euros por ejercicio para el mantenimiento de las OSP en el conjunto de transportes (ferrocarril, aéreas y marítimas).