Los representantes de los abogados sevillanos adheridos al Movimiento #J2, una iniciativa de ámbito nacional por la que miles de letrados que cotizan en la Mutualidad de la Abogacía y no en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) denuncian que se jubilarán con pensiones de “entre 400 y 600 euros”, prosiguen con su calendario de actos no sólo para protestar por su situación, sino también para recabar el mayor número posible de apoyos. En la víspera de la gran manifestación de este sábado en Madrid, estos letrados acudieron este miércoles al Parlamento de Andalucía, se reunieron con los cuatro grupos con representación allí y les presentaron el texto de una proposición no de ley que pretenden que sea debatida en el Pleno. Lo hicieron junto a compañeros de Cádiz y Huelva a modo de representación de todos los afectados que hay en la comunidad.

“A pesar de la época, se mostraron muy interesados y preocupados por la situación”, comenta Ana Gil, la letrada que está ejerciendo de portavoz de los centenares y centenares de profesionales sevillanos integrados en un colectivo cuya mayor exigencia es la creación de una “pasarela” que permita dejar la Mutualidad y cambiarse al régimen normal de autónomos (RETA) sin perder la antigüedad y con mejoras fiscales. Ahora mismo, quien efectúa ese trasvase parte de cero y deja atrás todo lo cotizado con la Mutualidad.

En esa proposición no de ley se “insta” al Gobierno central a “realizar las actuaciones y modificaciones necesarias en relación con las profesionales de la abogacía que tienen contratado con la Mutualidad de la Abogacía el sistema de protección social alternativo al RETA o que lo ha tenido” para así alcanzar tres objetivos.

El primero es “permitir la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al RETA las cantidades cotizadas en la Mutualidad profesional”, de modo que se computen a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, y “en todo caso previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados” hasta ese momento. Respecto a los mutualistas pasivos, la medida que se solicita consiste en “aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima”.

El segundo objetivo es “evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones/aportaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al RETA, con un plan de pensiones/ahorro complementario”. Y el tercero, que va directo al auténtico problema de fondo y es el eje fundamental de las reivindicaciones de estos abogados, “mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía”.