Economía

Díaz Ferrán admite en plena crisis de Air Comet que no usaría su aerolínea

  • El presidente de la compañía defiende su gestión y achaca la quiebra a la crisis · Fomento destina seis millones de euros a reubicar a los más de 7.000 afectados

El presidente de la CEOE y presidente de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán, defendió ayer su gestión al frente de la aerolínea y atribuyó la quiebra a la crisis económica y a la imposibilidad de encontrar financiación tanto de un comprador privado, que, según reveló, iba a inyectar 90 millones de euros antes de la sentencia de un juez británico, como de las propias empresas del grupo Marsans, que ya habían aportado 143 millones de euros.

"En 40 años como empresario es la primera vez que me enfrento a un concurso de acreedores y a una situación tan dramática", afirmó Díaz Ferrán en una rueda de prensa convocada con objeto de informar de la situación de Air Comet. Aseguró que la compañía estaba "bien gestionada" y que durante los dos últimos años, ante la "virulencia de la crisis, el descenso del tráfico aéreo, los bajos precios y la falta de ingresos", buscó "todo tipo de financiación" a través de créditos del ICO, acudiendo a entidades y a la banca extranjera "sin encontrar ni un solo crédito, ni apoyo financiero". No obstante, dijo, no tiene "ninguna queja hacia el Gobierno".

Sin embargo, lo más llamativo de sus palabras fue que reconoció que no entiende cómo los consumidores han comprado billetes de su empresa. "Si hubiese visto esta situación desde fuera, no hubiese elegido a Air Comet para volar a ningún sitio", sentenció.

Con respecto a la plantilla, Díaz Ferrán se comprometió a abonar los pagarés dados a sus empleados para cubrir los salarios atrasados, que en algunos casos llega a ocho mensualidades. Air Comet entregó ayer en la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid su propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) para toda su plantilla, aunque deberá de ser el Ministerio de Trabajo el que dé la resolución final. Fuentes sindicales indicaron que del análisis del documento se entiende que Díaz Ferrán "se lava las manos, y que quiere que sea Trabajo el que solucione el tema a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ya que se declara insolvente".

En medio de este panorama, el Gobierno trata de paliar la situación que sufren los pasajeros. Gastará 6,3 millones de euros para afrontar los problemas causados a las casi 7.000 personas que desde el lunes por la noche han quedado en tierra por el cierre de la aerolínea.

Fomento alquilará y fletará cuatro aviones para trasladar a los clientes de Air Comet, según la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez. Dos de ellos son de Pullmantur, y tienen una capacidad de 477 plazas cada uno, uno de Iberia, con más de 330 pasajeros, y uno de Iberworld, con una capacidad también superior a las 300 plazas, que van a operar bajo el código de Iberia. Buenos Aires, Lima, Bogotá y Quito serán los destinos. La operación, en vigor hasta el próximo sábado, prevé transportar al 90% de los afectados.

Por su parte, una decena de asociaciones de consumidores presentaron ayer una denuncia contra los representantes legales de Air Comet por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.

Mientras tanto, los pasajeros afectados que permanecen en Barajas continuaron con sus protestas en la Terminal 1 del aeropuerto con cortes de un vial de llegadas y colapsando los mostradores y el vestíbulo. Algunos de ellos amenazaron con ponerse en huelga de hambre.

inmobiliaria. Inmobiliaria del Sur ha comprado tres edificios por 19 millones de euros, operación que ha sido financiada mediante tres préstamos hipotecarios por un importe conjunto de 13,8 millones de euros. Los inmuebles se encuentran en Sevilla, Córdoba y Huelva y suman casi 8.400 metros cuadrados de superficie alquilable.

automoción. Andalucía fue la segunda comunidad que más vehículos abandonó en los talleres en el último año, con más de 11.000, sólo por detrás de Cataluña (12.206), según Ganvam. Esto supuso para los talleres andaluces unas pérdidas de 26,7 millones de euros anuales por reparaciones no abonadas.

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