Derecho a una vivienda digna

Durante más de cuatro décadas, sólo se ha tenido en cuenta la vivienda como un bien económico y de inversión

El Art. 47 de la Constitución comienza afirmando: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Los que se dedican en la docencia a explicar la Constitución se ven obligados, me parece a mí, a dar demasiadas explicaciones para que alguien pueda entender que ese inciso “no es lo que parece”. Pero la verdad es que nuestra norma fundamental resulta algo engañosa, ya que llama explícitamente derechos a lo que, en términos constitucionales, no puede sino entenderse como “principios rectores” que sirven esencialmente para informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Por lo demás, me explica este profesor de Derecho Constitucional, siempre hay que interpretar la Constitución como un todo, de manera que ninguno de sus preceptos puede entenderse de forma aislada, y “ese derecho a la vivienda” debe hacerse compatible, por ejemplo, con otros que sí son auténticos derechos constitucionales, como la propiedad para “uso y disfrute” del propietario (aun considerando que esta incluye una obligada función social, Art. 33) o la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado (Art. 38).

La nueva Ley de Vivienda entró en vigor el pasado 26 de mayo de 2023. Sin embargo, por el momento no se han detectado grandes cambios, ya que la aplicación de algunas de las medidas depende de la aprobación de las autoridades autonómicas.

Durante más de cuatro décadas, sólo se ha tenido en cuenta la vivienda como un bien económico y de inversión, pero no se ha valorado la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas y creemos que ha llegado el momento de replantearse esta cuestión. La crisis de 2008 engendró un grave problema de la vivienda que venía larvado desde tiempo atrás y que estalló ante la opinión pública en forma de un número creciente e insoportable de desahucios. En nuestro país, la solución más común era y es la vivienda en propiedad, que la crisis convirtió en inasequible para las nuevas generaciones emergentes, que tuvieron que recurrir al alquiler. Este cambio de hábitos no fue sin embargo la solución ya que, al generarse una gran demanda de viviendas en alquiler, el precio de la oferta creció hasta extremos también inalcanzables. Hoy día, un joven cualificado y con trabajo estable, tiene que dedicar gran parte de su salario para pagarse el alquiler.

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