Cuando se toma un camino y se comprueba que se está en la dirección adecuada hay que mantenerse en esa senda. Esto es lo que hace la Junta de Andalucía en la gestión de las políticas educativas. El Gobierno andaluz va a continuar lo que hace muchos años se propuso: la excelencia educativa y mantener en la Comunidad Autónoma una educación pública de primera calidad. Lo hace con convencimiento y con actuaciones concretas.

Para este año, la inversión que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo en nuestra provincia en nuevas actuaciones en materia de infraestructuras educativas supera los 30 millones de euros. Esta importante inyección económica va destinada a las 49 nuevas actuaciones de construcción, mejora o ampliación de centros educativos. A estas acciones se suman otras tantas del Plan de climatización y del programa de actuaciones para atender a necesidades de escolarización y urgencias técnicas.

A lo largo de este año el Gobierno andaluz continuará con la ejecución de nueve actuaciones en materia de ampliación y construcción de centros nuevos ya licitados durante el año 2017, como son el conservatorio de Danza, los nuevos colegios de Viator y Almerimar, la reforma integral del Princesa Sofía y las ampliaciones de los colegios San Luis, Álvarez de Sotomayor, Miguel Servet y Gabriel Cara. Asimismo, se retirarán aulas prefabricadas construidas de manera coyuntural ante necesidades de escolarización en institutos y más de una decena de colegios de la provincia. Actualmente quedan 63 módulos prefabricados en la provincia y con las actuaciones ya presupuestadas se retirarán 57. El pasado año se retiraron 11 módulos y en lo que va de año se han retirado cuatro módulos. Además de todas estas intervenciones, este año se contemplan otras 16 actuaciones.

No sólo en infraestructuras. El Gobierno andaluz ha puesto en marcha otras líneas de acción para que la educación llegue a todo el mundo, como es la gratuidad de libros de texto y la bonificación en Educación Infantil. Y todo este esfuerzo se hace pese al castigo al que el Gobierno central somete a Andalucía manteniendo un sistema de financiación del todo injusto por el que, cada año, nuestra comunidad deja de percibir 1.000 millones de euros. Desde 2014, el Gobierno del PP nos debe 5.000 millones de euros. Cada día que pasa el perjuicio hacia nuestra tierra es mayor.