Cuando esto escribo, no conozco los términos en que la Sala 2ª del T. Supremo (TS) resuelve sobre el alcance de la sentencia del TJUE de 19-12-19 acerca de Junqueras, pero ello no incide en este comentario que no aspira a suplir la autoridad del TS, ni ir más allá de reflejar cierta perplejidad ante el barullo legal generado, ya por ignorancia o, acaso, por algo parecido a la mala fe.

La premisa inicial es que la sentencia del TJUE sobre Junqueras, es técnicamente deficiente y no respeta la normativa europea. Ni española. Me remito a la tribuna del profesor De La Quadra-Salcedo, en El País 03-01-2020, muy lúcida al respecto. Y el segundo pilar de mi reflexión, es que existe otra jurisprudencia del propio TJUE (sentencia de 30-04-09, en asuntos C-393/07 y C-9/08) que, al resolver casos análogos, o sea sobre el momento es que se adquiera la condición de eurodiputado, lo hizo de forma disímil a lo dicho por la Sentencia de 19-12-19 para Junqueras. Tal alteración de doctrina, máxime a la luz de la premisa inicial, permite dudar sobre si en futuras sentencias sobre el mismo tema, el TJUE reiterará el fallo de 2019 o, por el contrario, rehabilitará la doctrina vigente desde 2009. Lo que no sería extraño porque cambiar de criterio es una opción judicial admitida en todas las jurisdicciones modernas, aunque, eso sí, con la exigencia inexcusable, de que se expliquen y argumenten las razones de tal alteración en los fundamentos de anteriores sentencias dictadas por el mismo Tribunal. Algo que la S-19-12-19, no hace con la solvencia requerida.

Se trata, pues, de una sentencia que se debe respectar y acatar, cómo no, aunque solo hasta donde sea compatible con otras leyes de la UE, de obligada observancia, de lo que sin duda dará cumplida cuenta el TS. Pero, una vez dicho todo ello, quizá debo añadir ahora que se trata de una sentencia tan singular, tan oportunista y tan a la medida de las mejores aspiraciones del secesionismo que no puedo dejar de recelar que su tenor no venga influido por una interpretación normativa conformada a una realidad social postiza, deformada, en el imaginario europeo (¿y en expansión?), que ve nuestra democracia plagada de graves carencias. Una distorsión que se vende en Europa como fruto infecto de una (ir)realidad virtual, fabulada por el formidable aparato de difusión del catalanismo, sin réplica por la legendaria indolencia de la diplomacia estatal.