Supongo que, como otras tantas palabras, el término “fraude” puede tener distintas aplicaciones según el contexto; y de acuerdo con las distintas aplicaciones y los distintos contextos, distintas serán las personas que lo puedan denunciar y exigir responsabilidades. Así, si se habla de “fraude de ley” nos encontramos con que cualquiera lo puede denunciar por sentirse concernido o por luchar a favor de la limpieza de la ley. Ahora bien, si el fraude afecta a un particular, supongo que la situación es algo diferente. Puede que a mi vecino alguien le haya engañado vendiéndole un tractor defectuoso y le haya cobrado como si fuera nuevo: un fraude en toda regla. ¿Me tocaría a mí presentar alguna reclamación? Supongo que no. El que ha sufrido el daño es el que tendría que reclamar. Lo mismo sucedería si alguien promete y luego no cumple su promesa. La situación respecto a reclamaciones seguiría siendo la misma: esto me recuerda aquel relato “A buen juez, mejor testigo” de Zorrilla. Por eso fue Inés, la perjudicada, quien presentó ante el tribunal la exigencia de que Diego Martínez cumpliera su juramento. Curiosamente, pese al testimonio del Cristo de la Vega, no se cumplió lo prometido al renunciar la agraviada. Viene esto a cuento de la reacción del Partido Popular, defendiendo a los agraviados, ante la disonancia entre la campaña electoral del Partido Socialista y los pactos con otras fuerzas políticas. Se acusa al PSOE de cometer fraude porque en campaña no habían anunciado la elaboración de la Ley de Amnistía (más bien todo lo contrario) y luego haberla puesto sobre el tapete buscando pactos con fuerzas nacionalistas catalanas. Es cierto que no habían hablado positivamente de la ley de amnistía y que luego la han propuesto como elemento clave de los pactos. Se les acusa de “fraude”. Bueno, objetivamente es un fraude. Pero ¿a quién corresponde denunciarlo? A quien se considere engañado por falsas promesas. En otras palabras: al votante del Partido Socialista. Y curiosamente no conozco a muchos de ellos que hayan puesto el grito en el cielo por considerarse engañados. Más bien al contrario: sometida la decisión a consulta, aunque con una pregunta bastante ambigua, fue aprobada por abrumadora mayoría. Se ha resuelto el asunto. ¿Cabe seguir, entonces, con la tabarra de haber cometido fraude electoral? Al parecer ya se han dado cuenta de lo ridículo del tema y ya no dicen nada.