Es deprimente ver esos actos, penosamente solemnes, en los que algún militar con una cierta graduación resulta degradado. Quitar estrellas o galones para reparar algún desaguisado es más que triste, cuánto más si no hay por detrás alguna conducta deshonrosa. Y dado lo rancio de muestra aristocracia ¿cuál sería la respuesta de algún tenedor de título nobiliario que siendo duque se ve tratado como marqués, o siendo conde lo llaman vizconde? Nos encontraríamos ante reacciones cuando menos airadas. Y mire usted por dónde, una acción de la inefable Ayuso da como resultado una cierta "degradación" de la gran mayoría de la población española. Nos hemos encontrado ante una clasificación sociológica que de alguna manera destroza las ideas que hemos tenido hasta la fecha. Resulta que la totalidad de lo que se ha considerado "clase media" ha sufrido esa degradación brutal. Según esa clasificación, yo, por ejemplo, he dejado de ser "clase media" porque mis ingresos, que me proporcionan un "honesto pasar", ya quedan fuera de lo que según los criterios de la presidenta madrileña no son propios de la clase media, a no ser que se extiendan tanto las cotas superior e inferior que lleguen a incluir en su seno a casi todos los ciudadanos, momento en el que sería una gran estupidez seguir hablando de clases sociales. Personalmente no me voy a querellar contra Ayuso porque, ponga ella los límites que ponga, no me voy a sentir dañado ni voy a dejar de ser quien soy. Y supongo que le sucederá lo mismo a la gran mayoría de ciudadanos que se vean afectados por la misma decisión. Bueno, a no ser que ese cambio de criterio pueda tener como resultado que mengüe alguno de los posibles derechos que podría disfrutar si no se hubiera ampliado el universo de discurso. Es el caso de las becas. Porque las disquisiciones que podrían parecer más o menos carentes de sentido no tienen un carácter simplemente teórico. Tienen intereses concretos: la defensa de algún grupo social que no tendría derecho a beca si se mantuvieran los criterios económicos bastante razonables que priman hasta la fecha. Y también facilitar que los centros privados puedan llenar sus aulas. Y esto no solo por los beneficios económicos que representan sino por devolver en la medida de lo posible a la iglesia, propietaria de casi todos esos centros, el poder manipulador y doctrinario que en el sector de la educación tuvo durante el siglo XIX y buena parte del XX.