Acabáramos hombre, con tanto trajín con que nos marean desde julio y al final ha resultado que lo que querían por sus 7 votos, no era la mera ley de amnistía que se decía, sino que lo exigido, y ya listo para aplicar en mayo -si los jueces no lo impiden, que eso aún está por verse-, es una impunidad personal, semejante a la que merecían por cuna y gracia de su sangre azul, los monarcas del Medievo. Porque eso es lo que en realidad ha mercadeado Puigdemont: una inmunidad integral para su persona, sus leales y sus bienes, sea cual fueren los delitos que el malévolo poder judicial les impute por sus actos ilegales al imponernos, manu militari, sus delirios decimonónicos. Ese era el plan real y solo afloró cuando Junts rechazó el proyecto inicial de esa ley, al detectar que se amnistiaba solo alguno pero no todos los delitos atribuibles a ciertas personas -ya fuera al prófugo o a algún Puyol que otro- que podían quedar al pairo a poco que se les investigara a fondo. Y no era eso lo pactado: el pacto era una amnistía personalizada que les inmunice penalmente, por todos los desmanes acaecidos a partir de 2011. Un error derivado quizá por no atreverse a usar la idea de inmunidad (pudor lógico dada la magnitud bananera del órdago), o quizá debido solo a la inepcia jurídica. Porque el matiz entre amnistía e inmunidad no es anecdótico: si una amnistía impone olvidar algunos delitos singulares, -siempre ha de describir lo que sea objeto de la amnesia porque solo cubre unos actos concretos-, la inmunidad es sin embargo, susceptible de abarcar todos los hechos relacionados con un cargo o con unas personas identificadas, como es el caso. Y esto es, creo, lo que se ha aprobado, sin que el hecho de que se excluyan algunos delitos graves no deje de ser una floritura técnica para vestir el santo de la escandalosa impunidad personal y la completa exención de responsabilidades para quienes intentaron subvertir el orden constitucional, que no quieren ser juzgados ni condenados por nada. Impunidad total, a cambio de 7 votos de investidura, a la que seguirá, según ahora alardean envalentonados, la prima de miles de millones restados al resto de Comunidades. Una ley sin transparencia, negociada en secreto junto al referéndum (lo dice Junts), sorteando informes legales mínimos que, en vez de pacificar, intoxicará de tribalismo, agravio y encono la política nacional. Hay que estar ciego de fanatismo para no verlo.