Pocos órganos del Estado deberían de gozar de tanto prestigio, profesionalidad e independencia como la Fiscalía General. Pocos órganos hay en estos momentos tan cuestionados y desprestigiados como la Fiscalía General. La situación que se ha creado en torno a las actuaciones de Álvaro García Ortiz es impropia de una democracia consolidada y remiten a comportamientos de repúblicas bananeras. Álvaro García está reprobado por el Senado, cámara legislativa en la que el PP hace y deshace gracias a su mayoría absoluta pero que es parte integrante de la soberanía nacional. Su nombramiento fue considerado no idóneo por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial y esta semana ha recibido un doble varapalo: el Tribunal Supremo ha rechazado la designación de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el Tribunal Superior de Madrid ha decidido investigar la denuncia del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos. La respuesta de García Ortiz ha sido recusar a cuatro de los magistrados del Sala de lo Contencioso del Supremo que deben decidir sobre su futuro al frente del Ministerio Público. Una situación de guerra abierta que compromete la propia viabilidad de la función del fiscal general. El problema, aunque agravado estos días, no es nuevo. El Gobierno considera que la Fiscalía es un órgano a su servicio y pone al frente de ella a personas sobre cuya fidelidad no tiene duda. Pedro Sánchez lo hizo con su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y lo volvió a hacer con el actual, que era su segundo. También otros gobiernos pusieron al frente a personas de su línea política, aunque intentaron cuidar más las formas. La Fiscalía del Estado está en entredicho, cuestionada y en medio de una lucha política. Es un lujo que una democracia seria no puede permitirse. García Ortiz no es ya la persona para estar al frente de una institución de esta importancia.