Segunda sesión de la vista oral contra los acusados por la adjudicación de las obras del Mesón Gitano.

No era incompatible tener empleados a familiares de técnicos municipales ni sabían que iban a ser estos últimos los que iban a informar sobre los proyectos delMesón Gitano cuando se presentaron a la licitación. A grandes rasgos éstos han sido los argumentos del presidente y secretario de la constructora Facto -que ejecutó dichas obras-, José Torrente y Antonio Alañón.

De esta forma, durante la segunda sesión de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, han negado que los vínculos familiares de dos técnicos del Ayuntamiento de Almería y un ingeniero contratado por la empresa municipal ‘Almería Urban’ con empleados de Facto tuviese nada que ver en la adjudicación de las obras o que se sirviesen de la misma para ganar la licitación. Alañón ha explicado que en 2013, cuando se produjeron los hechos, eran cinco propietarios, entre ellos la mercantil ‘Mirlo’, de la que eran dueñas la mujer y la hija de uno de los técnicos acusados.

“Nosotros buscamos la oferta, los pliegos y cumplir la ley”, ha dicho, negando que fuese incompatible con la ley de contratos del sector público que varios familiares de trabajadores municipales fuesen sus empleados. “En este caso, la empresa no sabe quién son los técnicos informantes. Se nombran después. Lo único que sabe la empresa son los miembros de la mesa de contratación. Es público y notorio que sigo concursando -en otras licitaciones del Ayuntamiento- y nadie ha dicho nada. Además, el que licitaba no era el Ayuntamiento, sino ‘Almería Urban, que no es una administración pública”.

Sobre el proyecto idéntico presentado por Facto y Salcoa, aunque con diferentes ofertas económicas, ha insistido en que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ya ha establecido que de no haberse presentado la oferta de Salcoa, no “habría variado en los esencial” la adjudicación.

También ha sostenido que “nadie” se esperaba que apareciesen los restos arqueológicos que se encontraron en la zona. “Se daba una patada y salían casas por todos lados”, ha incidido para apuntar el aumento de costes que esto supuso.

Por su parte, el presidente de Facto ha negado a su vez que la presencia de familiares de los técnicos en su empresa pudiera influir o condicionar la adjudicación. Sobre el proyecto idéntico presentado por Facto y la mercantil Salcoa, ha aseverado que eran dos empresas que se “apoyaban para ir a una obra”. Ha insistido en que este tipo de práctica era “habitual” y se ha “hecho muchas veces” en Almería en “obras muy gordas”.

Así, ha asegurado que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en ningún momento señaló que esto “estuviese fuera de la ley”. A su vez, Torrente ha defendido que Facto sólo ha cobrado “lo que ha hecho” a pesar de que hubo que cambiar el proyecto para hacer un edificio de dos plantas, en lugar de tres, con la misma superficie.