Facto no cree que fuese incopatible emplear a familia de técnicos
Tribunales
Los dos empresarios acusados por el Mesón Gitano dicen que no sabían quién informaría el proyecto antes de la licitación
No era incompatible tener empleados a familiares de técnicos municipales ni sabían que iban a ser estos últimos los que iban a informar sobre los proyectos delMesón Gitano cuando se presentaron a la licitación. A grandes rasgos éstos han sido los argumentos del presidente y secretario de la constructora Facto -que ejecutó dichas obras-, José Torrente y Antonio Alañón.
De esta forma, durante la segunda sesión de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, han negado que los vínculos familiares de dos técnicos del Ayuntamiento de Almería y un ingeniero contratado por la empresa municipal ‘Almería Urban’ con empleados de Facto tuviese nada que ver en la adjudicación de las obras o que se sirviesen de la misma para ganar la licitación. Alañón ha explicado que en 2013, cuando se produjeron los hechos, eran cinco propietarios, entre ellos la mercantil ‘Mirlo’, de la que eran dueñas la mujer y la hija de uno de los técnicos acusados.
“Nosotros buscamos la oferta, los pliegos y cumplir la ley”, ha dicho, negando que fuese incompatible con la ley de contratos del sector público que varios familiares de trabajadores municipales fuesen sus empleados. “En este caso, la empresa no sabe quién son los técnicos informantes. Se nombran después. Lo único que sabe la empresa son los miembros de la mesa de contratación. Es público y notorio que sigo concursando -en otras licitaciones del Ayuntamiento- y nadie ha dicho nada. Además, el que licitaba no era el Ayuntamiento, sino ‘Almería Urban, que no es una administración pública”.
Sobre el proyecto idéntico presentado por Facto y Salcoa, aunque con diferentes ofertas económicas, ha insistido en que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ya ha establecido que de no haberse presentado la oferta de Salcoa, no “habría variado en los esencial” la adjudicación.
También ha sostenido que “nadie” se esperaba que apareciesen los restos arqueológicos que se encontraron en la zona. “Se daba una patada y salían casas por todos lados”, ha incidido para apuntar el aumento de costes que esto supuso.
Por su parte, el presidente de Facto ha negado a su vez que la presencia de familiares de los técnicos en su empresa pudiera influir o condicionar la adjudicación. Sobre el proyecto idéntico presentado por Facto y la mercantil Salcoa, ha aseverado que eran dos empresas que se “apoyaban para ir a una obra”. Ha insistido en que este tipo de práctica era “habitual” y se ha “hecho muchas veces” en Almería en “obras muy gordas”.
Así, ha asegurado que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en ningún momento señaló que esto “estuviese fuera de la ley”. A su vez, Torrente ha defendido que Facto sólo ha cobrado “lo que ha hecho” a pesar de que hubo que cambiar el proyecto para hacer un edificio de dos plantas, en lugar de tres, con la misma superficie.
Una finca compartida en Enix
El máximo responsable de Facto, José Torrente, ha reconocido que participó en una mercantil con el anterior responsable de Obras Públicas y actual jefe del Área de Servicio de Promoción de la ciudad para la compra de una finca en Enix por parte de ocho personas, si bien éste no tenía relación con Mirlo --más allá de la participación de su mujer ya fallecida y de su hija-- ni con la empresa Cauce, que fue creada por los accionistas de Facto para gestionar la maquinaria.
Con ello, y tras dar cuenta de las malas relaciones que existen entre las familias derivadas de la actividad laboral, ha incidido en que “no le consta” que Juan de Dios Matarín tratara personalmente de vender las empresas de su mujer. Del mismo modo, Antonio Alañón ha negado que él mismo tratara de mediar en operaciones de venta de acciones junto con el técnico David Lozano según podría desprenderse de las escuchas telefónicas captadas un año y medio después.
Según Alañón, el mismo fue autorizado por Facto para negociar con un abogado de Mirlo la venta de la empresa a la propia mercantil, ya que ningún de los accionistas tenía interés directo en su adquisición, si bien la operación no fructificó por falta de liquidez.
También te puede interesar
Lo último
