Venimos de unas fechas en las que se vivió una especie de revuelta a causa del agua. Hubo mucho movimiento, manifestaciones, declaraciones de políticos y agricultores por la regulación del trasvase del Tajo. Empiezan los recortes del volumen de agua que se va a trasvasar, y ni Murcia ni Almería estaban dispuestas a renunciar a recibir el agua que, dicen, es un derecho. Supongo que tomarán como punto de partida esas declaraciones de Espinosa de los Monteros soltando la siguiente genialidad recogida en la prensa: "Si el agua es de todos y sobra el agua, haremos todo lo posible para traer el agua a Almería". Curiosamente, yo también estoy de acuerdo. ¿Quién podrá estar en contra de trasvasar el agua si sobra? ¿Y quién no está de acuerdo en que el agua sea de todos? Aunque tal vez él no lo tuviera demasiado claro, habida cuenta de que ponía esa afirmación como una de las condiciones para traer el agua a Almería. Sin embargo, lo que pasa es que no estamos en condiciones de afirmar que se cumpla la otra condición: que sobre el agua. Y aunque un análisis lógico formal diría que la negación del antecedente no implica la negación del consecuente (en este caso, los esfuerzos por traer el agua a Almería) la realidad mostraría que, si no hay agua, vanos serán los esfuerzos por traerla. Por tal motivo, la ampliación de regadíos esperando a continuación la llegada del agua se puede convertir en una fuente de frustraciones: ¿qué hacer con las sucesivas explanaciones que esperan el agua para hacer crecer las lechugas? Se impone una dosis de realismo en la actividad política: si hacer política es prever acciones de cara al futuro, pensemos que hasta que no se resuelva el problema del agua no pueden autorizarse más ampliaciones. Es por pura responsabilidad. Y esto enlaza con lo que está pasando en Doñana y con las propuestas de legalización o ampliación de regadíos. Es fácil y populista y sobremanera inoprotuna legalizar las que hay ilegales e incluso autorizar otras nuevas esperando que se realicen otras "obras hídricas", que no asume la Junta como sus propias competencias, y culpar luego a los demás (en este caso al Gobierno Central) de la carencia de recursos hídricos. Las obras, por sí mismas, no van a resolver el problema si no hay de dónde traer el agua. A las declaraciones de algunos consejeros o incluso del Presidente solo les falta añadir: "¡Que no hay agua? Pues que la pinten".