La figura del asesor se ha instalado en la política a todos los niveles. Asesores hay en la administración del Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La especialidad de estos servidores públicos depende del político que los nombra, sin que la ley establezca ningún requisito para desempeñar cualquier función que se les encomiende. Puede haber tantos asesores como el organismo en cuestión considere conveniente. Sus méritos consisten en la relación personal que tengan con los órganos del partido que gobierna. Se les llama también personal eventual y personal de confianza. La eventualidad delimita el tiempo de permanencia en el cargo, que caduca cuando el partido que lo nombró decide cesarlo. La confianza les atribuye facultades parar ejercer cualquier competencia delegada, sin necesidad de establecer vigilancia. Cualquiera que haya trabajado en la administración como funcionario, habrá percibido la desenvoltura de los asesores para ejercer sus funciones, más pendientes de favorecer las pretensiones del patrón, que de ejercer un servicio al ciudadano cumpliendo con el rigor que establecen las normas del Derecho Administrativo, cuyo conocimiento no se les exige. Ese comportamiento discrecional de las entidades públicas, nombrando a dedo a un colega del partido, a veces, trae malas consecuencias. Ahora le ha tocado al PSOE apechugar con un caso de corrupción provocado por un asesor que, como se suele decir, compartía mesa y mantel con el ministro José Luis Ábalos. El sujeto se llama Koldo García y su trayectoria es un claro ejemplo para describir los méritos que tiene un asesor, para alcanzar un alto cargo en la Administración Pública. Su relación con el ministro de Fomento se establece por recomendación de dirigentes del PSOE de Navarra que lo consideran un buen militante. Empieza siendo su chófer, hace funciones de guardaespaldas, adquiere confianza para ser nombrado su asesor más cercano, y se convierte en un alto ejecutivo de dos empresas públicas: consejero de una filiar de Renfe y vocal del consejo rector de Puertos del Estado. La confianza depositada llega a tal extremo, que se permite realizar contratos millonarios con empresas para la adquisición de mascarillas, llevándose un mordisco. El Gobierno ha reaccionado pronto prestando su disposición para colaborar con la justicia, pero la corrupción para los votantes de izquierda es muy dañina y el PSOE lo tiene difícil por culpa de un asesor.