El amago de inmolación para escenificar luego otra resurrección gloriosa entre fieles enardecidos no es solo una ocurrencia más o menos bufa, como se comenta con cierta candidez. Cabe maliciar, y malicio, que sea un hito en la creciente exaltación sanchista, con signos de asonada por lo civil, para imponer su derecho a manosear en interés propio el actual sistema de separación de poderes iniciando su cruzada con el Poder Judicial. Y completar así lo que ya hizo con un Parlamento feudatario, al servicio del Ejecutivo y numerosos órganos de control, intervenidos por adeptos declarados. Una cruzada para la novación del actual CGPJ, convertido en objetivo prioritario, no único ni último, de una nueva ley para reformarlo por mayoría simple del Congreso, rebajando la mayoría cualificada (3/5) vigente. Y el desafuero no es menor. Porque una ley así (i) ya se intentó en 2020 pero la UE la calificó como incompatible con los principios comunitarios. Porque (ii) este mismo Psoe se comprometió en 2022 ante la UE a rechazar esa mayoría simple para “reforzar” -así lo dejó firmado-, “la independencia judicial frente al resto de poderes del Estado”. Y porque, en fin, (iii) la función de los miembros del CGPJ no se ciñe a nombrar plazas judiciales (con serio riesgo ya de que se primen sesgos de filiación política sobre capacidad y mérito) sino que dejaría a merced de la insaciable influencia política, las decisiones sobre traslados y concursos, ascensos, comisiones o licencias de los jueces y un extenso panel de funciones que, en manos de esta partitocracia rampante, nos garantizaría alcanzar el mismo nivel de (in)seguridad jurídica del sistema judicial venezolano, en tiempo récord. Y no se trata de una especulación gratuita, si vemos el nuevo cambio de opinión (abjurando otra vez de lo prometido) avanzado ya por el presidente el pasado lunes, al anunciar, entre col y col, que esa renovación “la vamos a llevar a efecto”. Aunque calló que lo hará para protegerse de las continuas causas forenses que se van activando ante tanto indicio flagrante de corruptelas, uso de influencias y fraude, propiciados desde la gestión política. Un panorama, ante el que los Jueces son y deben seguir siendo “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, como dice la CE, unos atributos legendarios que comprenderán, lo comprendemos casi todos, quedarán degradados por la infamia autocrática.