Llamó R. Scruton "la falacia de la planificación" a ese credo político, tan banal, que gusta imponer reformas sociales ("de progreso" suelen llamarlas), a voluntad del gobernante que le toma gustillo al lápiz redactor del BOE. Un sesgo simplista cimentado sobre el dogma de que las sociedades puedan organizarse, como los ejércitos, según una jerarquía autoritaria -o sea de arriba abajo-, fantaseando ingenuamente, que son mayoría los que están dispuestos a someterse obedientes al plan propuesto por el amado líder y su elite. Una falacia con vasto historial de naufragios socioeconómicos, al obviar que solo el libre mercado permite alcanzar cierto equilibrio derivado de la interacción oferta/demanda que se difumina cuando lo que prima es la fijación sistémica de pautas ideológicas. Valga tal referencia (reductora en esta exposición, lo sé, porque omito salvedades obvias) para aludir, porque para eso sí sirve, al caso de que tal falacia reguladora se prodigue en el ámbito de la planificación política por decreto, y el gobierno de iluminados de turno aborde con talante desaforado su poderío legislativo para regular la vida sociedad en su provecho. Otra falacia, digo, porque si algo enseña la historia es que las leyes que mejor sobreviven no son las aprobadas por vía de urgencias -sin réplica parlamentaria- sino esas que emanan de lo que Scruton llamaba la "ley de la tierra", porque fueron evolucionando desde el derecho romano, en cada territorio de forma peculiar o no siempre unánime, pero con una cualidad común: sin haber sido impuesta desde arriba por un cuerpo ejecutivo sino construida desde abajo, según la gente va descubriendo soluciones concretas para conflictos humanos reales y que se plasma tras la acumulación de precedentes, en un sistema de reglas legales. Una reflexión oportuna no tanto a cuenta de los casi 140 Decretos, dictados por el gobierno de P. Sánchez, -que duplican los que dictó Rajoy-, para evitar el debate con la oposición, a la que atropella con su aritmética parlamentaria, sino con la que aludo al desastre de imponer una Reforma de Pensiones sectaria, sin agotar el consenso con la patronal y empleadores que la han de sufragar -en inexplicado contraste con la Reforma Laboral que sí logró concitar el apoyo de los implicados básicos-, y por ende, una reforma sin soporte social suficiente que no sobrevivirá mucho tiempo: como todo lo que se ideologiza por Decreto.