La Ley del Talión se basaba en un principio de justicia consistente en la imposición de un castigo similar al delito cometido. Ojo por ojo, y diente por diente, según se define en términos coloquiales. Dicha ley pertenece al Código de Hammurabi de 1700 a. C. y desde entonces ha llovido mucho. Ya los romanos entendieron que era de más provecho recibir una compensación en denarios de alguien que le hubiese causado un daño, que devolver la pelota causando un daño semejante. La aportación de Roma fue fundamental y a partir de entonces el derecho ha evolucionado prevaleciendo la idea de establecer el mejor modelo de convivencia posible, sobre el deseo de satisfacer cualquier sentimiento personal de quienes se sientan agraviados por los hechos cometidos. Así se ha llegado a la conclusión, por ejemplo, de la abolición de la pena de muerte, por inútil, en la mayoría de los estados civilizados. La evolución del derecho hasta nuestros días como un instrumento pragmático en beneficio de la convivencia social, al margen de sentimentalismos, se debe a la labor de los profesionales que han llegado a tales conclusiones a partir de la experiencia y el estudio. En los estados democráticos son los diputados del parlamento los que tienen atribuida la función legislativa y lo ideal sería que los depositarios de tan importante misión fueran voces desprovistas de cualquier motivación personal. El ejemplo negativo lo hemos comprobado de una manera clara en la intervención de la diputada independentista Montserrat Bassa que ha manifestado en la tribuna del Parlamento que le importa un comino la gobernabilidad de España. Esta diputada, a la que se le paga para que participe en la elaboración de las leyes con objetividad, está marcada con el rencor que le produce una hermana condenada y encarcelada. Estaríamos apañados los españoles, con un parlamento compuesto por ciudadanos con semejantes instintos destructivos. Para legislar se requiere una vocación de servicio a la comunidad y no el afán de un resarcimiento personal. Es algo que los partidos deberían tener en cuenta a la hora de confeccionar las listas ya que el caso de la diputada de ERC no es el único. Juan José Cortés, diputado del PP en la anterior legislatura, nunca disimuló sus sentimientos vengativos. Por último, toda mi consideración y respeto para los familiares de una víctima de ETA, pero eso no implica que sean las personas más idóneas para legislar con objetividad.