E S difícil que todas las leyes que componen el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho sean del agrado de todos los ciudadanos que habitan en dicho Estado. Pero es un principio asumido por una gran mayoría que las leyes deben de ser acatadas aunque no nos gusten, porque esa es la única manera de establecer una convivencia pacífica. Como, por otra parte, las leyes no son eternas, en un estado democrático es una potestad de la mayoría representada en un parlamento poder cambiarlas. Con ello no se alcanza la perfección, pero es lo menos malo que se conoce hasta la fecha. Una de las leyes más contestadas de las que han sido aprobadas durante el mandato del PP ha sido la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. Está claro que desde su puesta en vigor, no nos queda más remedio que acatarla si no queremos exponernos a que nos caiga la correspondiente sanción. Pero analizando la situación desde que en el año 2015 fue aprobada con los votos del PP y UPN, en mi opinión, ha creado más problemas que aportado soluciones. Para empezar es una ley cuyo contenido, en muchos aspectos, no concuerda con el principio constitucional de la libertad de expresión. Por esa razón, es difícil interpretar hasta donde puede uno ejercer su derecho a expresarse libremente sin infringir lo establecido en la citada ley. Siendo la claridad unas de las condiciones imprescindibles en toda ley, su redacción está llena de "conceptos jurídicos indeterminados", y el ciudadano no tiene la seguridad de qué es punible y qué no. La calificación de los hechos está en manos de los agentes de seguridad a cuyas declaraciones la ley atribuye valor probatorio lo que significan que otorga a las fuerzas policiales una labor de interpretación que debería de estar reservada a los jueces. En cuanto a los efectos que puede producir en el comportamiento de cualquiera, por una parte la ley mordaza puede afectar las iniciativas de algunos creadores excesivamente precavidos que se autocensuran por temor a ser sancionados, pero por otra, también puede ser un instrumento utilizado por quienes van por la vida de transgresores profesionales y se les ofrece una buena ocasión para alimentar su ego contestatario con un simple panfleto expuesto a los cuatro vientos. Por donde se mire es una ley que aporta más perjuicios que beneficios y mucho está tardando el gobierno de Pedro Sánchez en llevarla al Parlamento y defender su derogación.