A VECES pienso que la solidaridad en este país esta estereotipada; es decir, que funciona a través de clichés alojados en los buenismos y la popularidad social. Con esto digo que la solidaridad, o el solidario, gestiona sus recursos en función de lo moralmente aceptado y de lo públicamente reconocido. Según estos principios la filosofía con la que se inspira es la de lo políticamente correcto. La ayuda al prójimo se da en términos de ajuste social y no de necesidad real. Además hay ciertos intereses creados en la clase política y ciertas instituciones para acaparar el control de la solidaridad. Tal vez sea complejo ahondar en esto y hasta suscite discrepancias pero es preciso tener honradez intelectual para decir lo que se piensa si uno observa contradicciones en ciertas pautas. Pues bien, como digo la solidaridad es una cuestión de lo políticamente correcto, pero no de necesidad. Solo se ayuda a los colectivos populares y habituales, a los vinculados a algún dogma, o a los que suponen un arma arrojadiza para el electorado. No existe la tendencia a la particularización de la necesidad y precariedad y tampoco existe el reconocimiento de ciertos colectivos no populares. Se niega el derecho a ser víctima si se trata de un grupo desconocido. De igual manera se castiga la solidaridad que no sea institucional. A consecuencia de esto existen personas y comunidades, con mayores índices de precariedad que otras, que no reciben ningún tipo de atención. Una adecuada solidaridad debería atender a lo concreto y a lo singular porque solo así resolvería necesidades reales. La solidaridad no puede ser genérica ni dividir a las ciudadanos con problemas en grupos de ayuda, eso es segregación; debe tratar a las personas con independencia de la causa de su situación y de la popularidad de su problema. Dicho esto es factible la afirmación que el entramado de la solidaridad en este país se mueve entre la hipocresía y el neopuritanismo, entre la dictadura de las ideas clásicas y las innovadoras que no reconocen el derecho a ser víctimas a todos los ciudadanos. No voy a poner ejemplos. Si lo hiciera moverían en zigzag la cabeza. Pero me gustaría dejar claro que a algunos cuando van pedir ayudas le exigen tener ciertos requisitos y a otros no, ya que son población de ayuda ya catalogada. ¿No es eso injusto? ¿Por qué no prima el concepto de persona sobre todas las cosas?