El editorial del país reivindicaba ayer la presencialidad en las aulas universitarias. Es imposible no estar de acuerdo y no sólo por motivos estrictamente pedagógicos, que también. La renuncia a la presencialidad, al contacto, en aras de la digitalización, haría mella en alguna de las virtudes clásicas que se suponen al espacio universitario, como su capacidad de generar comunidad, de crear un foro de encuentro y discusión crítica, y, también, claro, de amistad, en el sentido mayúsculo del término. Asistimos dócilmente, desde hace tiempo, a una suerte de secularización forzada de los presupuestos humanistas con los que habíamos comprendido la misión de la Universidad. Una institución que no está al margen del proceso de disolución de los espacios de entrecruzamiento social que se produce a nivel general. De la pérdida de vigencia de la fraternidad como ideal público. En todo caso, creo que desde la Universidad hay cierta capacidad aún para defender la vigencia de sus fundamentos y, en caso de ser derrotada por el espíritu de la época, que por lo menos no se diga que es por incomparecencia del adversario. Y defender sus fundamentos implica, claro, defender a sus profesores, concretamente a aquellos que inician su carrera docente y van a garantizar la continuidad en cada una de las ramas del conocimiento. Y aquí, seamos claros, se ha normalizado un tratamiento indecente a nuestros mejores talentos sin que la comunidad universitaria haya actuado con la determinación que merece. Hablamos de alumnos con extraordinarios expedientes que obtienen su primer contrato como becarios en un concurso público. Luego, a los cuatro años, y después de haberse iniciado en la docencia, conseguirán el título de Doctor, sometiéndose a un examen exigente, para luego superar un sistema de acreditación que exige méritos con los que, en otro tiempo, se optaba a la cátedra a esa misma edad. Sólo así podrán concursar a su primer contrato real, y si obtienen esa plaza impartirán docencia bajo la rúbrica humillante y falsa de “ayudantes”, porque asumen todas las obligaciones que son propias de la profesión, y además por un sueldo que, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, ronda los 1600 euros mensuales. Dedicarse a la universidad, en definitiva, implica para muchos investigadores renunciar a una mínima estabilidad económica y ya nos encontramos con que, en titulaciones como medicina, matemáticas o física, existen grandes dificultades para renovar las plantillas. Una clase política con un sentido mínimamente republicano, un país no engatusado en sus querellas, haría de revertir esta situación una prioridad en su agenda. Por el puro interés general.