Una de las cosas buenas que tiene la democracia es la participación en la vida política de partidos de diferentes ideologías, con distintas posiciones para gestionar la vida pública. Y cuando gobierna un partido es muy sano que desde la oposición se analice su gestión y se critique aquello con lo que no se está de acuerdo. Eso daría lugar a un debate del que se podrían sacar resultados positivos. Lo que estamos viviendo en España, bajo el punto de vista formal, es una democracia plena si consideramos que votamos con absoluta libertad y preside el Gobierno la persona que obtuvo el apoyo suficiente según establece la Constitución. Pero nuestra democracia no funciona como debiera porque no hay un debate serio sobre lo que nos interesa a los ciudadanos. Contamos con una oposición que no aporta nada de su cosecha. Su primera intervención fue negar la legitimidad del Gobierno de un plumazo, sin aportar ningún fundamento que lo justificara. Y a partir de ese absurdo planteamiento que no produjo efecto alguno, ante cualquier medida que adopte el ejecutivo, la respuesta del principal partido de la oposición es mantener esa postura negacionista vacía de contenido, en lugar de intervenir para aportar ideas contrarias si las tuviera. Antes de que Pablo Casado u otro de sus filas abran la boca sabemos de antemano el rollo que van a soltar contra lo que sea, adornado con una retahíla de insultos que prefiero no detallar. Lo digo por mí que no soy ningún adivino, y cuando me adelanto a sus intervenciones con el pensamiento, les aseguro que nunca me equivoco. Cuando el Gobierno propuso el estado de alarma, votaron en contra y aprovecharon para acusar a Pedro Sánchez de dictador por establecerlo; y cuando el estado de alarma finaliza habiéndose cumplido el plazo previsto, le montan un pollo porque no lo prorroga. Pero que tengo la plena seguridad de que, si la hubiese alargado, no se habría librado el presidente de una bronca similar. También les ha faltado tiempo a Pablo Casado y compañía para atacar al Gobierno cuando han visto que en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas figura que en 2024 todas la autovías y autopistas tendrían que pagar una pequeña cantidad por su uso. Se trata de una medida que el Partido Popular tenía prevista, antes de la moción de censura, para su aplicación en el 2021, pero basta con que ahora lo proponga el Gobierno, para que sus dirigentes se olviden y pongan el grito en el cielo. Así funcionan.