El simple hecho de que se sospeche del comportamiento de los profesionales de la justicia ya es preocupante. Lo correcto sería que el poder judicial no diese lugar a un debate sobre si funciona bien o mal. Pero son los propios organismos judiciales quienes han dado motivos para que se ponga en duda el rigor que debe de reinar en los tribunales a la hora de impartir justicia. Hay determinados comportamientos que inducen a pensar que no se actúa con absoluta objetividad. El caso más evidente es la permanencia del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación se debería de haber hecho hace más de cinco años, según lo establecido en el apartado 3º del artículo 122 de la Constitución, y no se toca porque lo impide el Partido Popular. No hace falta ser un lince para deducir que la composición de dicho organismo no se renueva porque favorece al partido que imposibilita su renovación. No podemos olvidar la estampa de jueces y fiscales colocándose en las puertas de los palacios de justicia uniformados con las togas puestas pronunciándose contra la aprobación de una ley antes de su entrada en vigor. Me estoy refiriendo a su pronunciamiento contra la ley de Amnistía. El poder legislativo reside en el Congreso de los Diputados y lo que corresponde a los jueces es aplicar la ley una vez que haya sido aprobada, con absoluta objetividad, al margan de sus preferencias. Manifestarse uniformados contra una proposición de ley antes de ser aprobada, es una utilización partidista del poder judicial que no corresponde a las funciones propias de jueces y fiscales. Hay magistrados que se han dado a conocer por supuestos casos de lawfare cuyos nombres no voy a citar porque sus comportamientos no han traspasado los límites de fundadas sospechas. Solo me voy a referir al caso del juez corrupto Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, para conspirar contra la magistrada Victoria Rosell cuando inició su carrera política en Podemos. Por último, resulta extraño que haya jueces que estén mirando con lupa el comportamiento de la mujer del presidente del Gobierno basándose en recortes de prensa que no se sostienen y se pase página en el caso de una orden por escrito del gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido a las residencias de mayores, cuyas consecuencias todos conocemos. Todo lo descrito son casos que ponen en cuestión el prestigio del Poder Judicial.