Esta columna podría ser la segunda parte de la que escribí la semana pasada. En ella me refería a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en el supuesto caso de que, el día menos pensado, apareciera otra epidemia como la que estamos soportando y no fuera posible declarar un estado de alarma. No hice valoraciones jurídicas porque, como dije, poco podría añadir a la vista de la cantidad de argumentos, expresados por juristas de sobrado prestigio que criticaron la sentencia, considerándola un auténtico disparate. Me limité a señalar las vidas que se habían salvado gracias a la aplicación del Estado de Alarma, mientras que el Estado de Excepción que estima el Tribunal Constitucional en su sentencia, exige unos trámites que requieren el tiempo suficiente para que más de uno se vaya al otro mundo. Hoy, a mi pesar, vuelvo a referirme al Poder Judicial, debido a un par de resoluciones judiciales que me han llamado la atención. La primera es el archivo de la querella por la muerte de ancianos contagiados de coronavirus en varias residencias de Madrid, habiendo constancia de una orden por escrito para que no se les diese traslado a hospitales públicos. Al margen de consideraciones jurídicas, el tema me parece inhumano y vamos a dejarlo ahí. Pero si lo analizamos jurídicamente, se trata de la negación de un legítimo derecho a personas que han contribuido con sus impuestos y cotizaciones al mantenimiento de la sanidad pública y no tiene explicación el archivo judicial de una causa reclamando responsabilidades por ello. La segunda resolución ha sido la dictada por un juzgado de Palma de Mallorca citando a la directora General de Salud Pública, María Antonia Font, para declarar como investigada por el confinamiento obligatorio de jóvenes que habían tenido estrecho contacto con personas que habían dado positivo en relación con el coronavirus. O sea que, para el juez, lo propio habría sido dejarlos sueltos para que la epidemia floreciera sin ponerle freno. Dicho esto, me considero socrático en el sentido de que las resoluciones judiciales hay que acatarlas aunque parezcan injustas. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con concederle a los jueces el privilegio de que sus actuaciones no puedan ser sometidas a la crítica. En la sentencia del Tribunal Constitucional y en las resoluciones que acabó de citar no puedo evitar apreciar una carga ideológica que me mosquea.