La simplificación de un problema de tal dimensión como el de la inmigración irregular y la elevada presión migratoria ataca al sentido común, a la verdad e incluso a la legalidad. Es obligación de quienes ostentamos cargos públicos el afrontar la realidad con altura de miras, velar por el interés general, y no eludir la responsabilidad. Sin dejarse mediatizar por quienes tratan de fragmentar y dividir a la sociedad con lecturas simplistas, malintencionadas, sesgadas y llenas de prejuicios ideológicos. Es un deber no callar ante los despropósitos, aún ante la consabida manipulación a la que se presta este asunto.

Nuestra costa es puerta constante de entrada de inmigración ilegal, de un tiempo a esta parte con la modalidad de las narcolanchas exprés. Y una puerta, además, abierta de par en par para las mafias que trafican con seres humanos, algo que no parece interesar al Gobierno si atendemos a la alarmante falta de medios personales y materiales para evitarlo. Esto conduce a una presión migratoria desbocada, pues se actúa con total impunidad. En algunos de nuestros núcleos, la tasa de población extranjera supera el 60% y debemos sumar una bolsa permanente de miles de inmigrantes en situación ilegal.

La propia ley de derechos y libertades de los extranjeros recoge los dos grandes pilares que deben servir como línea roja para la gestión efectiva de los flujos migratorios: la empleabilidad y la capacidad de acogida de un territorio. Sin embargo, en la realidad, son aspectos que son completamente desatendidos por la administración Central.

Muchos migrantes son alojados en hoteles de la costa almeriense como medida provisional

En El Ejido llevamos años remando en la dirección de la integración, la cohesión y el progreso de la población de origen inmigrante. La sociedad ejidense y nuestro Ayuntamiento, articula esta tarea desde una visión y un trabajo muy transversal, y en muchos aspectos está dando importantes resultados.

Sin embargo, nadie entiende que desde el Gobierno se apueste por remar en dirección contraria. Afirmo rotundamente que El Ejido ofrece el principal testimonio de apuesta por la integración que hay en España. Somos un pueblo que trabaja mucho y que se queja poco, emprendedor, solidario y empático con quienes buscan legítimamente progresar aportando su esfuerzo personal.

Es una realidad que, gracias al trabajo de nuestro modelo de producción hortofrutícola y a nuestra agroindustria, decenas de miles de familias han encontrado un puesto de trabajo y una oportunidad real de prosperar. Pero las migraciones masivas requieren orden, y la capacidad de acogida no es ilimitada, especialmente si desde el Estado no se atiende al principio de solidaridad -consagrado en nuestro ordenamiento jurídico- para con los territorios que más presión migratoria soportan.

Y un aspecto que considero crucial es el de mantener la motivación de la sociedad de acogida que, a pesar de las enormes dificultades, es consciente de la necesidad de remar todos en la misma dirección, que no es otra que la del progreso, la convivencia y la tolerancia. Ese factor de motivación y compromiso es determinante.

En ese sentido, considero que trasladar a inmigrantes ilegales a hoteles de zonas con alta presión migratoria es erróneo y difícil de entender. Ya no se trata de una falta de medios o de apatía por parte de la administración, sino de una acción en favor de aumentar aún más la presión migratoria de municipios ya desbordados en algunos aspectos. Un estado proactivo a una llamada a la inmigración ilegal.

La Ley de Extranjería establece que corresponde al Gobierno la definición, la planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración. La inmigración debe permitir a una persona acceder legalmente a nuestro país para desarrollar una tarea profesional o empresarial y poder garantizarse una vida digna con acceso a los recursos básicos.

Los grupos de migrantes se unen y hacen piña entre sus compatriotas en los alrededores de los hoteles donde son alojados temporalmente.

¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que NO hay medios para frenar la inmigración ilegal. NO existe planificación para apostar por una migración ordenada conforme a las necesidades de mano de obra y la capacidad de acogida. NO hay políticas de integración dirigidas a toda la ciudadanía por parte del Estado. NO hay medios para detener a los traficantes de personas. NO hay dialogo ni colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración. Tampoco hay expedientes de expulsión ni repatriaciones. NO se construyen centros de internamiento de inmigrantes ilegales para su internamiento y expulsión.

Y entonces ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el modelo? Contratar hoteles para traer inmigrantes irregulares desde Canarias a El Ejido o a otros municipios con alta presión migratoria. La política de inmigración del Gobierno de España es errática, no atiende ni a la legalidad ni al interés general de nuestro país, provoca un efecto llamada en lugar de apostar por una migración ordenada.

Decisiones como las del Gobierno van en contra de TODOS, de los más de 90.000 vecinos que convivimos en El Ejido. ¿Cuándo se alcanza el límite de la capacidad de acogida? ¿Cuándo los servicios públicos necesarios para todos nuestros vecinos ya no pueden ofrecerse de forma adecuada? En ese momento la cohesión y la convivencia se comienzan a descoser, y con ella el ímprobo trabajo que, reitero, llevamos muchos años haciendo todos los ejidenses.

¿Quién se atreve a discutir que la inmigración ilegal en una medida considerable conduce a la marginalidad? En 2023, de los 71 casos de ocupación ilegal detectados en El Ejido, el 97% estuvieron protagonizados por personas inmigrantes. El dato vuelve a mostrar una realidad. En El Ejido combatimos legalmente el chabolismo y la okupación. Hemos demolido legalmente más de 1.200 chabolas, eliminando focos de insalubridad, inseguridad e ilegalidad, ahí el porcentaje de población extranjera es del 100%,  y 70% en situación ilegal. No queremos marginalidad ni ilegalidades. No queremos que nuestros hoteles se conviertan en centros de internamiento de puertas abiertas. ¿Es ese el modelo de integración de Sánchez, del PSOE de Almería y del subdelegado? Un modelo que no atiende ni respeta la legalidad.

El Gobierno, además, debe de cumplir con el principio de solidaridad con aquellos territorios que cuentan con una mayor presión migratoria. Eso se hace invirtiendo en infraestructuras, en seguridad, en costas, en comunicaciones, transportes…Todo lo demás es demagogia, confrontación, deslealtad y perpetuación de las desigualdades entre españoles. Y justo ese parece ser el único modelo de este Gobierno.

Exigimos responsabilidad. Y que no se confunda la tolerancia con la indiferencia cuando lo que está en juego es la convivencia y el interés general.