El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha formalizado mediante la convocatoria del proceso de consulta pública, el real decreto por el que se decide el reparto de 70 millones de euros correspondientes al denominado Acuerdo por Doñana entre los 14 municipios afectados por el mismo. Se abre a partir de ahora y hasta el próximo 9 de abril, un plazo para la presentación de alegaciones. Los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, en desacuerdo con ese reparto, han anunciado que las presentarán e incluso advierten de que irán a "instancias administrativas europeas" para intentar frenar el reparto.

El real decreto supone el desarrollo normativo del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana, acordado por el Miteco y la Junta de Andalucía en noviembre del año pasado para dinamizar e intensificar la transición ecológica, al tiempo que mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona, todo ello en beneficio del espacio natural. Uno de los puntos del plan que contempla una inversión entre ambas administraciones de algo más de 1.400 millones de euros es que los ayuntamientos afectados (14) promuevan proyectos que favorezcan el emprendimiento, la innovación y el empleo y fomenten la diversificación económica, reforzando el componente ambiental y social de sus políticas.

Además, tiene por objeto regular, con carácter excepcional y por razones de interés público, la concesión directa de subvenciones para la financiación de iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos del marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del espacio natural. El ámbito de aplicación de este real decreto comprende catorce municipios pertenecientes a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz que suman una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados y una población de 206.000 habitantes (96.000 en la provincia de Huelva, 40.000 en Sevilla y 70.000 en Cádiz).

El reparto de los 70 millones de euros, tal y como adelantó este periódico oscilan entre los 8 millones de euros que recibe Almonte y los 4,1 millones destinados a Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa. En medio de ambos grupos, están Alznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda que se quedarán con 5,9 millones, mientras que Moguer recibirá 5,6 millones de euros.

Según se decidió en una reunión de los representantes de los municipios, estas ayudas están destinadas a financiar proyectos en los municipios en los ámbitos de la economía circular, el ciclo del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización o que promuevan el desarrollo sostenible del territorio. Con ello, se pretende contribuir al desarrollo de nuevas actividades económicas ligadas a la transición ecológica, territorial y socioeconómica en el ámbito de aplicación del presente real decreto.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concesión directa dado su interés público económico y eminentemente social. El proyecto de Real Decreto recoge, además, que este preverá que la concesión de estas subvenciones se instrumente de forma consensuada con cada uno de los Ayuntamientos beneficiarios mediante la formalización de los instrumentos jurídicos adecuados que concretarán las actuaciones que se financiarán y en los que se establecerán los gastos subvencionables.

Connotaciones políticas 

Tan pronto como se conociera la publicación de este periodo de consulta pública, los Ayuntamientos de Almonte e Hinojos, han anunciado su intención de presentar alegaciones contra el mismo, dado que cuestionan el hecho de que sea necesaria una regulación excepcional. Incluso no descartan recurrir a instancias administrativas europeas para evitar que se modifique lo que hasta ahora ha sido un blindaje para la sostenibilidad de los espacios protegidos en la región.

Según señalaron ambos consistorios, las subvenciones serán otorgadas en régimen de concesión directa, estableciendo así un marco legal y normativo para su asignación, según los criterios que determine el Ministerio, en vista de la falta de acuerdo entre los municipios implicados. Sin embargo, "algunas voces críticas han expresado su descontento con este proceso, argumentando que la consulta carece de vinculación real y que las opiniones recabadas podrían no ser tomadas en cuenta de manera significativa".

En opinión de los dos ayuntamientos, los criterios para la redacción del real decreto podrían tener "un sesgo político predefinido y no reflejar necesariamente las necesidades objetivas de los municipios afectados", de ahí que reclamen "la inclusión de criterios claros y objetivos en la normativa propuesta, tomando como referencia la legislación vigente y las ordenanzas de la Junta de Andalucía relacionadas con el reparto de subvenciones". Específicamente, se destaca la necesidad de considerar criterios como el territorio y la población en la asignación de estas ayudas, en lugar de supuestas afinidades políticas que podrían favorecer a determinados partidos en detrimento de otros.

La postura de los ayuntamientos de Almonte e Hinojos es "clara" ya que consideran que el Ministerio "está intentando resolver un acuerdo político con los alcaldes del área de influencia de Doñana de manera apresurada y poco transparente". Para hacer llegar su mensaje, estos dos ayuntamientos planean difundir la noticia entre todos los grupos parlamentarios a nivel nacional y regional en Andalucía, con el objetivo de detener lo que consideran "el mayor atropello concebido hasta ahora en el espacio de Doñana

El pasado día 20, cientos de vecinos de Hinojos se concentraron ante el edificio del edificio del Ayuntamiento de la localidad bajo el lema Se acabó. Concentración para luchar por lo que es nuestro. La alcaldesa, Joaquina del Valle denunciaba "la falta de respeto hacia nuestro pueblo, un ejemplo de respeto y actitud conservacionista del espacio natural y la biodiversidad". Almonte vivirá una protesta similar anunciada para el próximo martes.