Parece evidente que cada vez es más remota la posibilidad de que su pueda producir una renovación del Consejo General del Poder Judicial en la presente legislatura. A pesar de los múltiples intentos del PSOE y del gobierno de acercar posiciones y convencer al PP de la urgencia institucional en renovar un órgano fundamental para el normal funcionamiento de la administración de justicia, la actitud del principal partido de la oposición no deja lugar a dudas sobre su nulo interés por resolver la situación. El Consejo lleva más de mil días con su mandato caducado y sin poder ejercer las funciones constitucionales que tiene encomendadas. Esta legislatura es diferente en muchos aspectos, pero respecto a la actitud con el CGPJ, pasara a la historia de la democracia como un tiempo desgraciadamente excepcionalidad, triste e irresponsable.

Mientras una ley está en vigor la obligación de todos, incluidos los partidos políticos, es cumplir con la norma, pero incluso si admitimos a efectos puramente dialécticos los argumentos del PP, el resultado no es muy presentable respecto a la actitud de ese partido con el Consejo. Admitamos pues que el PP está en su derecho de incumplir la Constitución mientras el gobierno y el resto de la Cámara no accedan a cambiar la ley exclusivamente en el sentido deseado por la minoría conservadora. Es decir, a pesar de estar en minoría, el PP pretende imponer a la mayoría un cambio legal que sólo desea la derecha parlamentaria. Es como si los populares dijeran, "o sale el cambio que yo quiero y como yo quiero, o no hay renovación". No parece esa una actitud muy admisible desde el punto de vista de las reglas básicas de funcionamiento de la democracia.

Pero la cuestión es qué ocurre con el resto de los órganos pendientes de renovación. Ahí no se pueden amparar los de Casado en la necesidad de cambiar ninguna ley. Por lo tanto, se podría proceder, dado el escollo "insalvable" de renovar el Consejo, a hacer lo propio con el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Si respecto a estos órganos el PP tampoco muestra una actitud positiva y favorable a su renovación, no es porque haya una reivindicación legítima de cambio del modelo de elección, sino más bien porque hay una decisión contumaz de bloquear por bloquear mientras Casado esté en la oposición. Y eso si es preocupante y de la máxima grave.