La acción de presión de Marruecos sobre España, permitiendo que miles de personas, entre ellas varios centenares de menores, entrasen irregularmente en España y en Europa a través de Ceuta, es injustificable e inhumana. Las autoridades marroquíes han consentido que sus propios ciudadanos hayan puesto en peligro sus vidas y su integridad física, aprovechándose de su esperanza de encontrar una vida más digna, para presionar políticamente al gobierno español. Las razones de Marruecos son claramente políticas y estratégicas, aunque no lo hayan reconocido pública y oficialmente con claridad. Tienen que ver con la soberanía del Sahara, con la presencia en España del líder del Polisario y con la postura de España frente al reconocimiento de la soberanía sobre ese territorio por parte del gobierno de Donald Trump.

El gobierno de España ha reaccionado con firmeza y prontitud ante una agresión inaceptable, y la Unión Europea, al más alto nivel, ha acudido en apoyo de nuestro país. Aunque por ahora las entradas se han parado, el conflicto no se ha resuelto porque la solución no es fácil ni rápida. Las relaciones entre ambos países, históricamente complejas, se basan en inestables equilibrios que pueden descompensarse por acción u omisión de cualquiera de las partes. Ambos gobiernos tendrán que trabajar intensamente en el futuro para recuperar el equilibrio perdido, y para que retorne el respeto y la cordialidad que beneficia a ambos.

Pero mientras ese momento llega, debemos diferenciar lo político de lo humano. Las razones de Estado, que existen y son más legítimas que nunca, no pueden obstaculizar que cumplamos con las obligaciones humanitarias que tiene una democracia y un estado de derecho como España. Ochocientos menores están en Ceuta, y nuestra obligación, por la legislación que democráticamente nos hemos dado y por los acuerdos internacionales que hemos suscrito, es atender y amparar a esos menores. Aplicar el principio del interés superior del menor es una imposición legal y también un deber moral, que nos diferencia de aquellos que no se comportan del mismo modo. Y ante esa coyuntura humanitaria, las Comunidades Autónomas deberían asumir su parte alícuota de responsabilidad en la acogida. Por una parte, se trata de apoyar al gobierno de España ante esta crisis y sus consecuencias humanitarias. Y por otra, de mostrar a Marruecos que para nosotros la vida y la dignidad de esos niños y jóvenes marroquíes es muy importante.