El empresario José Carlos Reinoso se ha enfrentado a una dura acusación durante mucho tiempo. La Fiscalía lo había incluido dentro de una red de cultivo de marihuana liderada por J.A.R.S., un procesado que aceptó una pena de tres años y un día de prisión y multa de 120.000 euros por un delito contra la salud pública; seis meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal, y una multa de seis meses al día, a razón de seis euros diarios, por un delito de defraudación eléctrica.

El Ministerio Público afirmaba que J.A.R.S. había contactado con Reinoso para alquilar diversas viviendas en las que cultivar marihuana, incluyendo en su acusación a un trabajador del empresario. Ambos han quedado ahora totalmente limpios, al resultar absueltos por la Audiencia Provincial, a pesar de que el fiscal mantuvo su petición de dos años de cárcel y multa de 150.000 euros para cada uno de ellos.

El letrado de Reinoso, José Antonio Tuero, del despacho Martinez-Echevarría abogados, señala a Diario de Almería que “la propia sentencia señala que no había ni un sólo indicio, más allá de las manifestaciones de la Guardia Civil”, contra su cliente. “Sólo es propietario de tres de los pisos dónde se encontraron los estupefacientes. Tiene más de 200 viviendas en alquiler y no controla lo que hacen los arrendatarios. El fiscal debía haber retirado la acusación, aunque no lo estimó oportuno. Estamos muy contentos por haber conseguido acreditar que no tiene nada que ver con estos hechos delictivos. De 14 acusados, 12 reconocieron los hechos, pero nosotros no porque mi cliente no tenía nada que ver”, subraya.

“En el caso enjuiciado, es tan débil la prueba que se ha practicado contra los señores Reinoso y (su trabajador), que la misma ha de considerarse insuficiente para enervar la presunción de inocencia. La prueba de cargo que mantiene el Ministerio Fiscal respecto de los dos últimos acusados es únicamente de carácter indirecto, pues basa su acusación en entender que estos acusados, como propietario de algunas de las viviendas en las que se cultivaba marihuana, o bien como encargado de la empresa del anterior para hacer reparaciones, habían intervenido de alguna forma con el principal acusado y con el resto de ellos”, apuntan los magistrados.

Es más, aseveran que las pruebas "no pueden pasar de meras suposiciones mantenidas en el atestado origen de estas actuaciones, que posteriormente ha recogido el Ministerio Fiscal, pero que no se han reflejado en medios de prueba practicados en el Plenario". Por ejemplo, los propios guardias civiles confirmaron que durante sus guardias nunca vieron a J.A.R.S. encontrarse con el empresario, así como que tampoco hubo ninguna conversación entre ellos en las intervenciones telefónicas.

"Sólo nos encontramos como prueba en su contra, si es que así la podemos calificar, que en varias de las viviendas de las alrededor de 200 que tiene arrendadas su empresa, había cultivos de marihuana, habiéndose incluso demostrado por la documental que aportó la defensa en el acto previo, no son de su propiedad".

"Con éste escaso bagaje probatorio, es evidente que la sentencia debe ser absolutoria", inciden los magistrados sobre lo que se refiere a Reinoso, consideraciones que aplican al segundo acusado, empleado de la inmobiliaria del empresario. "El hecho de que se le viera en las vigilancias entrando en alguna de las casas arrendadas no se debe más que a su función de reparar aquello que en las mismas se podía averiar en relación con la vivienda en cuestión, pero nunca para de alguna forma colaborar en las plantaciones o ayudar a los otros acusados", dicen sobre este último.

En la calificación original del fiscal, se acusaba a catorce personas por unos presuntos hechos que comenzaron en un momento "indeterminado" anterior a septiembre de 2018, cuando siete de ellos se "concertaron entre sí con la finalidad de obtener grandes cantidades de marihuana" para su venta a terceros.

Según el fiscal, establecieron una división de funciones para preparar las ubicaciones en las que se iban a instalar las plantaciones, acondicionando para ello viviendas de su propiedad, de conocidos o en alquiler.

El Ministerio Público añadía que los otros siete acusados, entre ellos los dos policías, auxiliaban a este grupo, aunque finalmente los agentes quedaron fuera de esta estructura.

J.A.R.S. era el "jefe del grupo" y propietario de las plantaciones, otros acusados se encargaban de conseguir útiles, montar instalaciones eléctricas, controlar y gestionar los cultivos, así como de recoger las plantas, entre otras labores.