Hoy,3 de mayo, Día de la Santa Cruz, comenzamos el mes con otra preocupación los españoles a la vista de la incertidumbre que nos está creando en la ciudadanía el desconocer cómo se van a distribuir desde el Palacio de la Moncloa los fondos europeos para España, sin que los mismos hayan obtenido el consenso de todas las formaciones políticas constitucionalistas en la sede de la soberanía popular de la Carrera de san Jerónimo.

Toda decisión en este país está impregnada de sentimientos contradictorios, no existiendo ni un mínimo indicio de común acuerdo en aquellos aspectos que exceden de lo ordinario para crear en las gentes a pie de calle una percepción óptima y esperanzadora. No hemos tenido suficiente con un cansino y largo año de dimes y diretes con todo lo acontecido con ocasión de la pandemia sanitaria y sus correspondientes restricciones sociales y económicas por el previo imperativo legal de decretos leyes, sin consenso alguno y sin comités de expertos.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha presentado un plan de recuperación consensuado, pactado con la oposición y agentes sociales, administraciones regionales y territoriales. ¿ No se podría haber hecho de forma similar en España?, ¿ acaso esta forma de proceder no es mucho más democrática?, basada en el diálogo, sobre todo porque las ayudas económicas no son propiedad del Gobierno, sino de todos los españoles, inclusive de aquellos que no aman a España y la atacan con afrentas e ignominiosamente, como es el caso ocurrido con la Generalidad al no vacunar con la debida diligencia a los agentes de la Guardia Civil y el CNP, con la misma operatividad que a otros Institutos Armados bajo el rectorado de la región autonómica.

Cuando no se quieren consensuar por tozudez política cuestiones de envergadura nacional, como es en el caso de un Plan de Recuperación, es porque no se tiene inoculado los sentires constituciones más profundos de mantener una sociedad civil aunada, sin crispación, en torno a una misma línea de acción de urbanidad política, basada la gobernanza en la objetividad e imparcialidad con la presencia de una autoridad independiente en la gestión pública de los fondos.

No sería de extrañar que los mismos, 140.000 millones de euros, serán una entelequia y terminarán siendo judicializados como lo han sido los "Eres" en Andalucía, entre otros, recayendo penas por malversación de fondos públicos, que han ido desde el presidio a la inhabilitación para cargo público.