Eeste trance por el que seguimos pasando ha venido cargado de lecciones para hacer mejor el mundo que está por venir y, entre ellas, una cuyo aprendizaje se ha revelado tan necesario como dramático; la importancia de contar con un vasto sistema público de atención a las personas en situación de dependencia que nos proteja de la mercantilización de nuestra fragilidad. Solo unos días después de que se decretara el estado de alarma, concretamente el 26 de marzo, la cadena SER ya informaba de que más de un tercio de los fallecidos por la COVID-19 eran ancianos que vivían en residencias y nos daba un dato absolutamente revelador; que en la Comunidad de Madrid, la Comunidad cuyas residencias han acabado dando, en conjunto, las peores cifras, el 93% de los 1.065 ancianos que, a esa fecha, habían fallecido en residencias lo habían hecho en residencias privadas o concertadas. Y, esta semana, RTVE nos ha traído un resumen de los fallecimientos en residencias que nos dice que han sido 19.570 los ancianos fallecidos con COVID-19, o con síntomas compatibles con esta enfermedad, cifra esta que equivale a "un 69% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad". Pero, para ver esta tragedia en toda su extensión, a esos 19.570 nombres hay que sumarles los de quienes han fallecido en residencias sin tener la COVID-19 pero a causa de la COVID-19 porque ellos, sin duda, han sido también víctimas de la desprotección que se escondía en el sistema asistencial que han configurado los constantes recortes a recursos, medidas y gastos sociales llevados a cabo en la última década y que esta pandemia nos ha mostrado sin piedad. Y es que la soledad y la tristeza pueden matar; el miedo y el desconcierto pueden matar; el exceso de trabajo, la precariedad laboral y la falta de profesionalidad los pueden matar; la deshumanización los puede matar; la necesidad de rentabilidad nos podrá matar. Y esto es lo que todos esos nombres deben recordarnos siempre. Por ello, porque esta pandemia nos ha mostrado que, en España, la última etapa de nuestra vida puede acabar siendo mucho más triste de lo que nuestro propio cuerpo nos tenía reservado y la última etapa de la vida de nuestros seres queridos nos puede ocasionar mucha más tristeza de la que trae el propio envejecimiento, es nuestra obligación, como sociedad, hacer que tanto sufrimiento no haya sido en vano asegurándoles, y asegurándonos, que la protección a las personas dependientes será siempre una obligación prioritaria para el Estado, estén en su casa o en una residencia; asegurándoles, y asegurándonos, que cada hogar tendrá la opción de cuidar de sus dependientes sin que ello quiebre ninguna vida y ninguna economía. Una austeridad que miró hacia las personas en lugar de por las personas nos ha hecho una sociedad débil, utilicemos la COVID-19 para hacernos fuertes.