Hay cosas que son tan obvias que, incluso, para los más alejados de la política son evidentes. Y entre ellas, está la falta de compromiso y seriedad del gobierno andaluz para reorganizar esa administración paralela y la sobredimensionada estructura de altos cargos que tiene, hoy por hoy, la Junta de Andalucía. Y es que, a pesar de las promesas y digan lo que digan, los andaluces tenemos que lamentar que, tras dos años de legislatura y con Susana Díaz al frente del ejecutivo, en vez de tender a reducir ésta en un 10%, como prometió en su discurso de investidura, la mantenga. Los datos están ahí y se veían esta semana en el debate suscitado por el grupo popular en el Parlamento para que Andalucía deje de ser la comunidad autónoma con más consejerías, con la estructura territorial con mayor número de altos cargos y una administración paralela desmesurada. Y lo hacíamos exigiendo que se haga real esa demanda histórica que, año tras año, fija la agenda política del gobierno pero que no deja de ser más que eso; una promesa. Lo cierto, es que fuera de poner remedio el gobierno de Susana Díaz ha vuelto a perder la oportunidad que le ha brindado tanto el cambio de ejecutivo como este debate para cambiar las cosas. Y ha sido así porque ha rechazado la petición y la PNL en la que pedíamos medidas oportunas para llevar a efecto la reducción de titulares de delegaciones territoriales de la Junta, a fin de disminuir de ocho a un máximo de cuatro por provincia, o sea un recorte del 37,5%. El fin es lograr una administración eficaz, eficiente y dentro de los criterios de austeridad que hoy deben primar. Es una petición coherente y en la línea de lo que están aplicando el resto de Comunidades, pero que se encontró con el temido 'no' de un gobierno que, una vez más, pone de manifiesto no estar por la labor de perder esa grasa política que tanto rendimiento político le ha aportado. Si tiramos de hemeroteca se ve que el ejecutivo de Susana Díaz ha disparado el número y el coste de los altos cargos. Y lo ha hecho al mismo tiempo que ha aplicado recortes en sanidad o educación. Sólo en el último año, la factura que paga la Junta por altos cargos se ha disparado un 16%, de acuerdo con los datos oficiales incluidos en los presupuestos. Lo que se gasta el gobierno andaluz es el triple de lo que dedican otras comunidades autónomas, como Galicia, Castilla La Mancha o Extremadura a abonar los sueldos de sus altos cargos. Sin ir más lejos Madrid ha recortado ya el 25% de ellos dejándolos en un total de 97 mientras que Andalucía cuenta con más de 270. Respecto a las consejerías, con las 13 en funcionamiento, Andalucía lidera el ranking nacional. Es doloroso que seamos la comunidad con menos médicos y enfermeros de atención especializada o la tercera por la cola en la ratio de alumnos por profesor, con altas tasas de paro, pobreza y exclusión social. Está claro que tener más altos cargos y administración excesivamente politizada no es sinónimo de bienestar, como tampoco lo es de burocratización, agilidad o eficacia. Más bien vemos que es todo lo contrario. Hay que revertir la situación, así lo he aprendido esta semana de los profesionales de la sanidad andaluza. Hay que realizar una reorganización profunda de toda esa estructura administrativa y establecer una política económica centrada en las cuestiones más prioritarias para fijar el criterio de menos delegados y más médicos o profesores, pues es la mejora de la sanidad y educación los grandes problemas de esta comunidad y la gran necesidad de los andaluces.