Fernando Faces

Déficit público: otro año en barbecho

Los "viernes sociales" pueden ser una buena estrategia electoral pero son también una grave irresponsabilidad en un contexto en el que la deuda crece y no se cumplen los objetivos marcados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo

El director general de Economía del Banco de España, Oscar Arce, ha afirmado en la presentación de las Perspectivas de la Economía Española para 2019, que el banco emisor se siente insatisfecho ante el escaso interés del Gobierno español por reducir el déficit y la deuda pública de España. Según sus palabras, 2019 será “un año de barbecho” en la reducción del déficit y la deuda pública. La previsión es que a finales de 2019 el déficit público sea del 2,5% del PIB. El objetivo exigido por Bruselas es reducirlo hasta el 1,3% en 2019, y el 0,5% en 2020. Lo cual implica que España se ha comprometido a reducir el déficit en 24.177 millones de euros en dos años. Objetivo que hoy parece imposible. Todavía más preocupante es que el déficit estructural permanece inalterado en el 3%. La deuda pública está creciendo al 3,5%, muy por encima del crecimiento del PIB. Tras Francia la deuda pública española es la que más crece en términos absolutos de la Eurozona, y su déficit público sobre PIB sólo es superado por Chipre y Grecia. ¿Si España no ha sido capaz de reducir su deuda pública en los últimos cinco años, en los que ha crecido muy por encima de la media europea, lo hará en un contexto menos benigno de desaceleración y gobiernos débiles e inestables? Las previsiones del Banco de España son de un crecimiento de 2,2% en 2019, el 1,9% en 2020 y el 1,7% en 2021.

Este escenario de crecimiento está supeditado a que no acontezcan escenarios adversos externos,como podrían ser un Brexit sin acuerdo, el fracaso de las negociaciones de China con Estados Unidos, un aterrizaje brusco de China o cualquier otro acontecimiento geoeconómico o geopolítico adverso.

El consuelo del gobierno

El Gobierno se consuela pensando en la benevolencia de Bruselas, ya que por fin ha alcanzado un déficit inferior al 3%, lo cual implica salir del procedimiento de “déficit excesivo” y por lo tanto de la rigurosa vigilancia de la CE. Pero esto no va ser así, ya que lo que le preocupa a Bruselas es su sostenibilidad . Que no está garantizada a la vista de la actual y previsible evolución del gasto público y los impuestos en una economía en desaceleración. La aprobación por real decreto de todas las partidas más significativas de gasto público, que quedaron en suspenso tras el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, son la última causa del desajuste presupuestario. Posiblemente los “viernes sociales” sean una buena estrategia para ganar las próximas elecciones, pero son una grave irresponsabilidad en un momento de desaceleración e incertidumbre política y económica.

Los dos últimos gobiernos no se han tomado en serio la inevitable consolidación fiscal que necesita España. Ante una fuerte desaceleración de la economía española su mayor vulnerabilidad es el alto endeudamiento interno y externo. Sobre todo teniendo en cuenta el alto porcentaje de esta deuda en manos de extranjeros. Tan sólo tenemos que recordar lo que ocurrió en 2012, año en el que España estuvo al borde de la suspensión de pagos. Los inversores exteriores se negaron a financiamos por desconfianza en nuestra capacidad de pago. En los últimos años el sector privado, familias y empresas, ha reducido su endeudamiento, aunque sigue siendo alto. Pero este esfuerzo se ha visto anulado por el aumento del endeudamiento público. De tal manera que la deuda neta externa, que se ha reducido ligeramente, sigue siendo muy alta, alcanzando más del 85% del PIB.

Los dos últimos gobiernos no se han tomado en serio la consolidación fiscal

A finales de 2018 la deuda pública española alcanzaba el 98,3% del PIB, muy por encima del 60%, límite establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sorprende recordar que en 2011, cuando España estaba al borde del precipicio financiero, el gobierno del PSOE,con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, pactó con el PP la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modificaba la Constitución para introducir la prohibición de rebasar el límite del 60% de endeudamiento público. Se trataba de salvar España de la insolvencia futura y de recuperar la confianza de los mercados financieros y de Bruselas. En esa misma ley se establecía un periodo transitorio hasta el 2020 con una reducción de dos puntos porcentuales en el ratio de deuda sobre PIB. Pues bien, ambos gobiernos no solamente no se han acercado al objetivo constitucional, sino que se han apartado clamorosamente hasta alcanzar casi el 100% del PIB.

Décadas para reducir la deuda pública

El escenario futuro de deuda pública puede empeorar en las próximas décadas si contemplamos la insuficiencia financiera del actual sistema de pensiones. Recientemente, la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha actualizado sus proyecciones de deuda pública incorporando los posibles escenarios de gasto en pensiones.

En un primer escenario en el que se mantuviese inalterada la políticas presupuestaria y los saldos primarios de la administración pública, incorporando el gasto acumulado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC, el ratio de deuda se estabilizaría en el 90% del PIB hasta 2030. Disparándose a partir de ese año hasta alcanzar el 132% en 2048. De ser así habríamos alcanzado el endeudamiento público de Italia, aproximandonos a Grecia y Chipre. No obstante, probablemente los mercados hubieran detenido esta locura de gasto mucho antes, como ocurrió con Grecia y España en 2012. En un segundo escenario en el que la política fiscal se orientase a corregir los desequilibrios presupuestarios de las administraciónes públicas, con actualización de las pensiones al IPC, la deuda pública se estabilizaría en torno al 75% a partir del 2030 .Todavía muy lejos del objetivo del 60%.

Para alcanzar el 60% deuda pública sobre PIB en 2030 no solamente sería necesaria una política presupuestaria ortodoxa en todas las administraciones, sino también la implementación de una serie de reformas paramétricas del sistema de cálculo de las pensiones que tengan un impacto acumulado de tal magnitud que permita compensar la revalorización de las pensiones con el IPC. Lamentablemente el fracaso de los partidos en el Pacto de Toledo ha pospuesto sine die esta posibilidad.

El próximo gobierno que salga de las elecciones, sea del color que sea , ineludiblemente se va a tener que enfrentar a este exigente y peligroso desafio. Y lo va a tener que hacer en un contexto de desaceleración económica (en el mejor de los casos) cuando ya nos estamos aproximando al potencial de crecimiento de la Economía Española, el 1,5% a partir de 2021. Y es que los ajustes presupuestarios se deben de hacer en las fases expansivas de la economía. Lo cual exige responsabilidad política y sentido de Estado. Cualidades y calidades que escasean cuando los gobiernos son débiles y el pensamiento y la atención política están solo pendientes de las próximas elecciones.

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