Existe en todas esas historietas de las frustradas extradiciones de los "indepes" catalanes escabullidos por Europa, o la del rapero fugado a Bruselas, un factor de incompetencia judicial que no parece excesivo calificar de ridículo, dado su anacronismo jurídico, más allá y al margen ya de la insolvencia técnico legal de las resoluciones que han denegado, por unas razones u otras, la entrega de los fugados a la justicia española. Me refiero, por decirlo a lo llano, al mero hecho de que un juez europeo, da igual que sea belga o alemán, pueda declararse competente en el actual ámbito integrador de la UE, para juzgar lo que un prófugo, que huyó intencionadamente de otro tribunal, le requiera a su antojo, consagrando así una especie de justicia a la carta: si a un delincuente no le gusta un juez o una ley, se da el piro para elegir otro juez y otra ley del país que mejor le convenga. Y punto. Qué bien para el prófugo. Qué bochorno para la dignidad de la Justicia europea. Porque así analizada, tal opción legal del infractor se convierte en un desafuero antojadizo que viola un principio básico de todo sistema legal moderno como es el del sometimiento objetivo (o sea, no arbitrario), a un juez competente ya predeterminado por la ley del justiciable, principio que se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (Art. 14) y en todas las Constituciones europeas, incluida la española (art. 117), como una garantía esencial de imparcialidad a la hora de impartir justicia. Y su vulneración, por ende, constituye una grave falta de respeto básico, elemental, entre las jurisdicciones judiciales implicadas: la del tribunal burlado y la del que facilita esa burla por el pillo de turno. Un abuso procesal tan grosero que alarma la poca perturbación que ha generado entre los juristas europeos el rosario de sonoros incidentes acaecidos y la pusilánime reacción del Gobierno español. Porque si ya es triste la pasividad de la eurojusticia y quienes velan por su coherencia, mas patética aún resulta la indolencia de los responsables de defender la dignidad del sistema judicial hispano, ante una casuística tan poco ejemplarizante como la de esta justicia vicaria de la picaresca y de los sesgos localistas de cada tribunal, más propios del medievo que del ideal cosmopolita de ciudadanía que exige el reto de construir una Europa más justa e igualitaria.